Familiares de personas con discapacidad, organizaciones sociales y prestadores de servicios presentaron una denuncia penal contra el presidente Javier Milei, el ministro de Salud Mario Lugones y otros funcionarios, acusándolos de abandono de persona, incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad. La denuncia, radicada ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°5, surge tras una serie de recortes en las prestaciones de salud y pensiones por invalidez implementados desde el inicio de la gestión de Milei en diciembre de 2023.

El abogado Javier Garín, representante de los denunciantes, sostiene que el Gobierno nacional ha llevado adelante un ajuste sistemático en el pago de beneficios, eludiendo fallos judiciales y promoviendo un discurso estigmatizante hacia las personas con discapacidad. Según la denuncia, los recortes presupuestarios han generado deudas con prestadores, dificultades en el funcionamiento de programas y una migración forzada al sistema público de salud, saturando la atención y afectando la continuidad de tratamientos.

En paralelo, el Gobierno envió al Congreso un proyecto de ley denominado “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, que propone un reempadronamiento obligatorio y la suspensión automática de pagos a quienes no acrediten nuevamente su condición médica y situación económica. Además, la iniciativa establece que la pensión equivaldrá al 70% del haber mínimo jubilatorio y será incompatible con el empleo formal. Organizaciones del sector advierten que estas medidas profundizan la crisis y vulneran derechos reconocidos por la legislación nacional e internacional.

El conflicto se agrava por la falta de implementación de la ley de emergencia en discapacidad, aprobada por el Congreso pero vetada y parcialmente reglamentada por el Ejecutivo. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la ONU han señalado que la nueva normativa implica un retroceso en derechos y utiliza lenguaje discriminatorio. Mientras tanto, el colectivo de discapacidad y jubilados convocó a movilizaciones frente al Ministerio de Salud y en plazas del país para exigir el cumplimiento de la ley y rechazar el ajuste.

El Gobierno, por su parte, argumenta que los cambios buscan combatir el fraude y ordenar las cuentas públicas, aunque las organizaciones denuncian la falta de pruebas y la utilización de casos mediáticos para justificar los recortes. El debate continúa en el Congreso y en la Justicia, mientras miles de familias afectadas reclaman respuestas y protección de sus derechos.