Lázaro Báez, empresario santacruceño de 75 años condenado a 15 años de prisión por las causas conocidas como la "Ruta del Dinero K" y "Vialidad", fue internado de urgencia en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza tras sufrir un grave cuadro de pulmonía. Báez, quien arrastra antecedentes de diabetes, hipertensión, bronquitis y hemorragias digestivas, vio agravado su estado de salud en los últimos días, lo que motivó la intervención médica inmediata.

La situación de Báez ha generado preocupación tanto en su entorno como en el ámbito judicial. Su abogada, Yanina Nicoletti, denunció que el Servicio Penitenciario no cumple con los controles médicos adecuados y que existen dificultades para el suministro regular de medicación, especialmente para el control de la diabetes. "La imposibilidad práctica de garantizar, bajo las condiciones actuales, el esquema de seguimiento médico considerado necesario es evidente", sostuvo la defensa en presentaciones recientes.

El año pasado, el juez federal de Río Gallegos, Claudio Vázquez, rechazó un pedido de prisión domiciliaria, aunque dispuso estudios cardiológicos y el traslado de Báez a Buenos Aires, argumentando que la infraestructura sanitaria de Ezeiza era más adecuada para su atención. Informes médicos oficiales señalan que las patologías de Báez son crónicas y están bajo tratamiento, y que la privación de libertad no impide su recuperación. Sin embargo, la defensa insiste en que la atención recibida es insuficiente y que persisten riesgos para su salud.

En paralelo, la Cámara de Casación Federal fijó una audiencia para el 10 de junio, donde se evaluará nuevamente el pedido de prisión domiciliaria. El caso de Báez, figura central en investigaciones de corrupción vinculadas al kirchnerismo, sigue generando debate sobre las condiciones de detención y el acceso a la salud en el sistema penitenciario argentino. El desenlace de la audiencia podría marcar un nuevo capítulo en la situación judicial y sanitaria del empresario.