El crimen de Víctor Hugo “Vica” Monteros, una mujer trans de 44 años, ocurrido el 12 de abril en barrio Alberdi, Córdoba, generó conmoción y renovó el reclamo por justicia y contra la discriminación. La Fiscalía de Instrucción, a cargo de Guillermo González, amplió la acusación contra el único detenido, Maximiliano Sallito, de 27 años, sumando el agravante de odio a la orientación sexual a los cargos de homicidio calificado por alevosía y ensañamiento, hurto y daño.

Según la reconstrucción oficial, Monteros fue atacada en su domicilio, donde recibió 37 puñaladas en la espalda. Tras el crimen, el agresor intentó incendiar la vivienda, pero la rápida intervención de una vecina, que alertó a los bomberos, permitió hallar el cuerpo y evitar mayores daños. Sallito fue detenido tres días después y, durante su indagatoria, optó por abstenerse de declarar.

El fiscal González explicó que el agravante de odio se fundamenta en las expresiones homoodiantes que el acusado había manifestado en redes sociales. La investigación continúa con pericias psiquiátricas y pruebas de ADN para esclarecer completamente los hechos.

La familia de Vica, junto a organizaciones LGBTIQ+, había reclamado desde el inicio que el caso se investigue como un crimen de odio. “No entiendo el odio. No entiendo cómo alguien puede perder la vida por ser quien es”, expresó la hermana de la víctima, Luciana, quien también destacó la calidad humana de Vica y su deseo de que se respete su identidad.

El caso reavivó el debate sobre la necesidad de una Ley Antidiscriminatoria en Córdoba y puso en evidencia las demandas históricas de la comunidad LGBTIQ+ por mayor protección y reconocimiento. Organizaciones sociales subrayan que la violencia y el prejuicio siguen presentes y que el asesinato de Vica no es un hecho aislado, sino parte de una problemática social más amplia. La causa sigue abierta y la sociedad espera respuestas judiciales y políticas que garanticen justicia y prevención de futuros crímenes de odio.