El oficialismo argentino logró este miércoles un avance clave en la Cámara de Diputados al obtener dictamen favorable para dos proyectos centrales de su agenda: el régimen de incentivos Súper RIGI y el acuerdo de pago a fondos buitre. Sin embargo, la concreción de ambas iniciativas en el recinto podría verse demorada por el escándalo que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y las tensiones con la oposición.

El proyecto Súper RIGI, impulsado por el gobierno de Javier Milei, establece un marco de beneficios fiscales y regulatorios por 30 años para inversiones superiores a 1.000 millones de dólares en nuevas industrias, especialmente tecnológicas y de infraestructura digital. La iniciativa, que sufrió varias modificaciones a pedido de aliados como el PRO y el MID, incluye incentivos para proveedores locales y mayor transparencia en la selección y seguimiento de proyectos. "Esta es una forma de adelantar la normalidad", sostuvo la diputada Daiana Fernández Molero (PRO), mientras que desde el oficialismo destacaron la importancia de atraer capitales internacionales.

En paralelo, se dictaminó el acuerdo para pagar 171 millones de dólares a los fondos buitre Bainbridge y Attestor, con una quita del 30-35% respecto a los fallos judiciales originales. El procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, defendió el acuerdo: "Estamos pagando juicios que perdimos, y haciendo un acuerdo para pagar menos por esos juicios". El plazo para aprobar el pago vence el 30 de junio, fecha límite impuesta por la justicia estadounidense para evitar la reactivación de litigios y embargos sobre activos argentinos.

La oposición peronista y de izquierda rechazó ambos proyectos. El jefe del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez, advirtió sobre el impacto fiscal del Súper RIGI y cuestionó la falta de debate: "Va a generar una asimetría cada vez más fuerte entre sectores económicos". Desde la izquierda, Nicolás del Caño denunció que el régimen beneficia a grandes corporaciones extranjeras y pone en riesgo la soberanía nacional.

El futuro de estas iniciativas dependerá de la dinámica política en el Congreso, marcada por la investigación a Adorni y la posibilidad de que la oposición utilice la apertura del recinto para impulsar mociones de censura. Mientras tanto, el gobierno busca consolidar apoyos para aprobar ambos proyectos antes de los plazos judiciales y legislativos, en un contexto de alta tensión política y económica.