Las recientes declaraciones del presidente Javier Milei sobre la soberanía de las Islas Malvinas provocaron una fuerte reacción de los excombatientes argentinos. En una entrevista con el diario británico The Telegraph, Milei afirmó que las Malvinas serán argentinas "cuando los isleños lo deseen", lo que fue interpretado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata como un grave apartamiento de la postura histórica argentina.

El CECIM envió una carta documento al presidente el 2 de enero, exigiendo que se retracte públicamente en un plazo de 24 horas. En el texto, la organización advierte que, de no hacerlo, avanzará con una denuncia penal por "incumplimiento de los deberes de funcionario público" y lo acusa de "faltar el respeto a la memoria de los excombatientes y caídos". "Tal desprecio merece la tacha de infamia y lo coloca en situación de traición a la Patria", señala el documento.

Los excombatientes citan la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, que ratifica la soberanía argentina sobre las islas y establece que deben contemplarse los intereses, pero no los deseos, de los habitantes de las Malvinas. Además, exigen el cumplimiento de la Resolución 2065 de la Asamblea General de la ONU y la revitalización de la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur.

No es la primera vez que Milei genera controversia con su postura sobre el conflicto. En abril de 2025, durante el acto por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, ya había reivindicado la autodeterminación de los isleños, lo que motivó críticas de expertos y excombatientes.

El presidente, por su parte, sostiene que el reclamo de soberanía "no es negociable" y que busca una solución diplomática, aunque insiste en el respeto a los isleños. El debate reaviva tensiones históricas y divide opiniones en la sociedad argentina, donde la cuestión Malvinas sigue siendo un tema sensible y central en la política exterior del país.

La controversia pone de relieve la complejidad del reclamo argentino y la necesidad de consensos internos para sostener una posición firme ante la comunidad internacional. El desenlace de la intimación del CECIM podría tener implicancias políticas y jurídicas en el futuro inmediato.