El gobierno argentino ha intensificado la búsqueda del exguerrillero chileno Galvarino Apablaza, acusado en su país por el asesinato del senador Jaime Guzmán en 1991 y el secuestro de Cristián Edwards. Tras una fallida operación policial en su domicilio de Moreno, Buenos Aires, el Ejecutivo oficializó una recompensa de 20 millones de pesos para quienes aporten información que permita su captura, según la resolución publicada en el Boletín Oficial.

La medida se produce en un contexto de creciente presión diplomática, luego de la reciente visita del presidente chileno José Antonio Kast a su par argentino Javier Milei, donde el caso Apablaza fue uno de los principales temas abordados. Kast agradeció públicamente los esfuerzos del gobierno argentino y expresó: “Tarde o temprano, el prófugo Apablaza va a rendir cuentas ante la Justicia”.

Por su parte, la defensa de Apablaza, encabezada por el abogado Rodolfo Yanzón, presentó una solicitud ante el Comité Contra la Tortura de la ONU para frenar la extradición, argumentando que su cliente enfrenta un riesgo real de tortura y tratos inhumanos en caso de ser devuelto a Chile. Yanzón sostiene que Apablaza es un “refugiado político” y que la revocación de su estatus, dispuesta en 2017, aún no está firme, ya que la Corte Suprema debe resolver un recurso pendiente.

El caso ha reavivado el debate sobre la protección internacional de refugiados y la vigencia de los tratados de derechos humanos en Argentina. Apablaza, quien reside en el país desde hace décadas, fue reconocido como refugiado en 2010 por la CONARE y ACNUR, pero su situación legal se ha visto modificada por decisiones administrativas y judiciales sucesivas. La policía argentina, en cumplimiento de una orden judicial, allanó su residencia sin lograr su detención, lo que llevó a la implementación de la recompensa.

Mientras tanto, el gobierno chileno mantiene su reclamo y destaca la cooperación bilateral, en tanto que la defensa de Apablaza denuncia una persecución política y la posibilidad de sufrir tortura en caso de extradición. El desenlace del caso dependerá de futuras resoluciones judiciales y del análisis de organismos internacionales, en un contexto de tensión diplomática y debate sobre los derechos humanos en la región.