La provincia de Tierra del Fuego fue escenario este lunes de un paro docente provincial de 24 horas, convocado por el Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF), en respuesta a una preocupante escalada de violencia en las instituciones educativas. El gremio denunció que en los últimos meses se han registrado más de quince incidentes graves, incluyendo agresiones físicas y verbales, amenazas de muerte y actos de vandalismo contra docentes y sus bienes.

El último episodio, ocurrido en Ushuaia, involucró a un alumno adulto que agredió a tres trabajadores del CENS N°3, lo que derivó en su detención y posterior prisión preventiva tras la intervención judicial. Ante este panorama, SUTEF resolvió la medida de fuerza y organizó concentraciones en Ushuaia, Río Grande y Tolhuin, bajo la consigna "Basta de violencia contra la docencia". El sindicato exige la implementación de protocolos de actuación, la conformación de un Comité Mixto Permanente de Salud y Seguridad en el Trabajo Docente, y la incorporación de personal de control de acceso en las escuelas más afectadas.

Durante la jornada, el ministro de Educación, Pablo López Silva, condenó públicamente los hechos y llamó a la reflexión colectiva: “No podemos ni debemos permitir ningún tipo de agresión hacia nuestros docentes ni hacia ningún miembro de la comunidad educativa”. López Silva destacó la importancia de reafirmar los valores de la educación pública y fortalecer los vínculos entre instituciones y familias, subrayando que “la violencia nunca puede ser el camino”.

El Ministerio de Educación convocó a SUTEF a una reunión para avanzar en la conformación del Comité Mixto y la elaboración de protocolos de ingreso, comprometiéndose a dar respuestas concretas en las próximas 48 horas. El gremio, por su parte, instó a toda la docencia a mantenerse informada y participar activamente en las definiciones colectivas, mientras advierte sobre el impacto de la crisis social y económica y la proliferación de discursos de odio en redes sociales.

La situación pone de relieve la necesidad de políticas estructurales que garanticen condiciones seguras para enseñar y aprender, y plantea el desafío de reconstruir la confianza y la convivencia democrática en el ámbito escolar. Las próximas reuniones entre autoridades y representantes sindicales serán clave para definir el rumbo de las acciones y el futuro de la comunidad educativa fueguina.