La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) alcanzó un nuevo acuerdo paritario con las principales cámaras empresarias del sector, que beneficiará a más de 1,2 millones de trabajadores mercantiles en todo el país. El convenio, firmado tras intensas negociaciones, establece el pago de una suma fija no remunerativa de $60.000 mensuales durante diciembre de 2025, enero, febrero y marzo de 2026. Además, se mantiene vigente una suma adicional de $40.000 mensuales, acordada previamente, que se extenderá hasta marzo de 2026. Ambas sumas serán incorporadas al salario básico a partir de abril del próximo año.

En paralelo, los empleados de supermercados recibirán un bono extraordinario de fin de año de $170.000, fruto de un acuerdo específico entre FAECyS y las principales cadenas del país. Según la federación sindical, estas medidas buscan acompañar la difícil situación económica y sostener el poder adquisitivo de los trabajadores, especialmente en un contexto de alta inflación y aumento de los gastos de fin de año.

El acuerdo fue suscripto por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA). Incluye una cláusula de revisión en marzo de 2026, cuando las partes volverán a reunirse para analizar la evolución económica y definir posibles ajustes adicionales.

Sin embargo, la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) manifestó su rechazo al acuerdo, argumentando que los aportes obligatorios a fondos como INACAP y el seguro complementario de retiro La Estrella incrementan los costos laborales y afectan la competitividad del sector. "No nos sentimos representados, nos pasan la cuenta de una mesa de la que no formamos parte", señalaron desde CADAM, que además reclama una reforma laboral y la posibilidad de participar en las negociaciones paritarias.

El entendimiento alcanzado refleja la complejidad de las relaciones laborales en el sector comercio, donde la necesidad de proteger el ingreso de los trabajadores convive con las preocupaciones empresariales por el aumento de los costos. La revisión prevista para marzo de 2026 será clave para determinar la continuidad o modificación de las condiciones pactadas, en función de la evolución de la economía argentina.