Unos 70 intendentes de la provincia de Buenos Aires, acompañados por la vicegobernadora Verónica Magario y el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, se movilizaron al Ministerio de Capital Humano para reclamar el envío de fondos nacionales destinados a la asistencia alimentaria. La protesta, que buscaba visibilizar la problemática más que obtener una respuesta inmediata, se desarrolló en un clima de tensión política entre la administración provincial y el gobierno nacional.

Al llegar a la sede ministerial, los funcionarios bonaerenses encontraron las puertas cerradas y un cartel de grandes dimensiones con un mensaje dirigido al gobernador Axel Kicillof: "Intendentes, diríjanse a quien corresponda. Si su gobernador no sabe administrar, que deje paso a quienes saben". La ministra Sandra Pettovello no se encontraba en el lugar, ya que participaba de una exposición en el Congreso, y la Policía Federal blindó el acceso al edificio.

El reclamo de los intendentes se centra en una deuda de 220.000 millones de pesos que, según Larroque, la Nación mantiene con la provincia por el Servicio Alimentario Escolar (SAE). Además, la reciente suspensión del programa MESA, que proveía módulos alimentarios a estudiantes en situación de vulnerabilidad, agravó la situación y motivó la movilización.

Durante el encuentro previo en la sede de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Kicillof respaldó el reclamo y criticó los recortes presupuestarios del gobierno nacional. "El gobierno nacional no puede hacerse más el distraído: al mismo tiempo que provoca una crisis económica muy profunda, recorta presupuestos en asistencia alimentaria y otras áreas muy sensibles", afirmó el gobernador.

El PJ bonaerense denunció un "desfinanciamiento inédito" y advirtió sobre el impacto social de la falta de fondos, mientras que los intendentes destacaron la importancia de la contención social que brindan en sus distritos. La movilización también sirvió para mostrar unidad dentro del peronismo bonaerense, en medio de diferencias internas y la presentación de un proyecto para declarar la emergencia alimentaria.

El conflicto por los fondos alimentarios se da en un contexto de crisis económica y creciente demanda social, y expone la disputa política entre la provincia y la Nación por la responsabilidad en la asistencia a los sectores más vulnerables. Las consecuencias futuras dependerán de la capacidad de diálogo y negociación entre ambos niveles de gobierno.