El Superior Tribunal de Justicia de Chubut presentó los resultados de una auditoría integral al Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) de Comodoro Rivadavia, tras la muerte de Ángel López, un niño de cuatro años cuya tenencia había sido otorgada a su madre por recomendación de este organismo. El caso, que conmocionó a la provincia, motivó una revisión profunda del sistema de protección de derechos y la intervención judicial en situaciones de violencia familiar y niñez vulnerable.

La auditoría, liderada por la jueza María Marta Nieto, reveló que, si bien el ETI cuenta con los recursos humanos y materiales necesarios, existen serias deficiencias en la gestión y articulación de sus intervenciones. Entre los principales hallazgos se destacan demoras de hasta tres meses en la atención de denuncias de violencia, un 35% de entrevistas no realizadas y la omisión de antecedentes relevantes en los informes técnicos. "En abril había agendas con turnos hasta junio. Si uno piensa en una situación de violencia o de riesgo, junio es muy lejos", advirtió Nieto.

El informe también señaló la falta de coordinación entre los distintos organismos que intervienen en la protección de derechos, lo que genera superposiciones, omisiones y, en ocasiones, revictimización de las familias. Además, se detectó una preocupante automatización en la actuación de los jueces de familia, quienes, según la magistrada, deben recuperar un rol más activo en cada expediente.

A raíz de estos resultados, el Superior Tribunal de Justicia ordenó la implementación inmediata de seis recomendaciones, entre ellas la redistribución de la carga de trabajo, la intervención temprana aun con medidas cautelares vigentes y la capacitación de los operadores judiciales con una perspectiva de vulnerabilidad más amplia, que incluya no solo género, sino también niñez, adultos mayores y personas con discapacidad.

La jueza Nieto subrayó que la auditoría no buscó responsables individuales, sino mejorar procesos para evitar nuevas tragedias. "No auditamos personas, auditamos procesos", afirmó. Por su parte, familiares de la víctima y organizaciones sociales manifestaron críticas al enfoque del ETI y exigieron mayor transparencia y eficacia en la protección de los derechos de los más vulnerables.

Las reformas ya comenzaron a implementarse, con el objetivo de brindar respuestas más rápidas y humanizadas a quienes atraviesan situaciones de extrema vulnerabilidad. El caso Ángel López se convierte así en un punto de inflexión para el sistema judicial de Chubut, que busca recuperar la confianza de la sociedad y garantizar una protección efectiva a niños, niñas y adolescentes.