El Gobierno argentino formalizó la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay, la principal vía fluvial para el comercio exterior del país, al consorcio integrado por la empresa belga Jan de Nul y la argentina Servimagnus. La firma del contrato, celebrada como un paso clave para la modernización logística, implica el traspaso de la gestión estatal a un modelo de inversión privada por los próximos 25 años.

Según el Ministerio de Economía, la medida permitirá una rebaja automática del 13,5% en el valor del peaje que pagan las embarcaciones, junto con el inicio de obras de profundización y la incorporación de tecnología para optimizar la navegación. "Es un importantísimo paso para la modernización de la principal vía fluvial de transporte del comercio exterior argentino", señalaron desde la cartera económica.

El contrato prevé que la nueva sociedad, Vía Navegable Argentina S.A., asuma el dragado, balizamiento y registro hidrométrico, además del traspaso de activos y personal. El Estado, por su parte, mantendrá funciones de control a través de un Consejo de Control con participación de usuarios privados y provincias ribereñas.

El proceso licitatorio, acompañado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), fue presentado por el Gobierno como transparente y participativo, con mesas técnicas que incluyeron a usuarios, especialistas y representantes provinciales. Sin embargo, el proceso no estuvo exento de polémica: medios como Ámbito y la empresa competidora DEME denunciaron presuntas irregularidades, pliegos a medida y barreras para impugnaciones, señalando que el esquema de puntajes favoreció al consorcio ganador.

A pesar de las críticas, sectores privados y cámaras empresarias calificaron la concesión como un "hito histórico" para la producción y la infraestructura exportadora. Se estima que las mejoras permitirán operar con barcos más grandes y reducir los costos logísticos, beneficiando especialmente al sector agroindustrial. El Gobierno sostiene que la nueva etapa resolverá problemas postergados durante años y mejorará la competitividad argentina en el comercio internacional.

El debate sobre la transparencia y el impacto real de la concesión continúa abierto, con la posibilidad de futuras acciones judiciales y la expectativa de que las obras prometidas se traduzcan en beneficios concretos para la economía nacional.