El Gobierno nacional avanza con un ambicioso proyecto de ley para desregular el mercado inmobiliario argentino, una iniciativa que ya genera un fuerte debate entre el oficialismo, los colegios profesionales y distintos actores del sector. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anticipó que el proyecto será presentado en el Congreso durante junio y que su objetivo principal es eliminar la matrícula obligatoria, los honorarios mínimos y las restricciones para ejercer la actividad de corretaje inmobiliario.

Según Sturzenegger, la reforma busca transformar el sector en un mercado más libre, competitivo y abierto a la innovación, permitiendo que cualquier persona pueda ejercer la actividad sin necesidad de título universitario ni pertenencia a un colegio profesional. "El sistema actual no protege al consumidor; protege a quienes ya estaban adentro", afirmó el ministro, quien también cuestionó la fijación de precios mínimos y la existencia de barreras de entrada que, según su visión, encarecen las operaciones y limitan la competencia.

El proyecto también habilita el trabajo interjurisdiccional y el uso de plataformas digitales, aplicaciones móviles y entornos virtuales para la intermediación inmobiliaria. Desde el oficialismo, se sostiene que la desregulación permitirá reducir costos y eliminar privilegios corporativos, en línea con otras reformas económicas impulsadas por el Gobierno.

Sin embargo, la iniciativa enfrenta una fuerte resistencia de los colegios profesionales y entidades del sector, que advierten sobre los riesgos de una apertura total. Marta Liotto, presidenta del Colegio Inmobiliario porteño, sostuvo que "la habilitación y matriculación de los profesionales es una potestad provincial que no fue delegada a la Nación" y remarcó la importancia de los controles profesionales para garantizar la seguridad jurídica y la transparencia en las operaciones. Desde el Colegio Profesional Inmobiliario de Córdoba también se alertó sobre el posible aumento de fraudes y conflictos contractuales si se eliminan los mecanismos de control y formación.

El debate se da en un contexto de cambios recientes, como la eliminación de la ley de alquileres, que según datos oficiales permitió un aumento del 300% en la oferta de propiedades y una baja del 30% en los precios reales. No obstante, los colegios sostienen que más del 95% de las operaciones actuales se realizan con corredores matriculados y que la regulación profesional es clave para proteger a los usuarios.

La discusión sobre la desregulación inmobiliaria expone dos modelos opuestos: uno basado en la competencia y la libertad comercial, y otro que prioriza la seguridad jurídica y la profesionalización del sector. El futuro del mercado inmobiliario argentino dependerá del equilibrio que se logre entre ambos enfoques y de la capacidad de las partes para consensuar mecanismos que garanticen tanto la eficiencia como la protección de los consumidores.