Manuel Adorni, jefe de Gabinete de la Nación, ha contratado al abogado penalista Matías Ledesma para que lo represente en las causas judiciales que enfrenta por presunto enriquecimiento ilícito y viajes privados. La decisión de buscar asesoría legal especializada responde tanto a recomendaciones públicas, como la del exministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, como a la presión interna del Gobierno para que Adorni fortalezca su estrategia judicial y mediática.

Las investigaciones, lideradas por el fiscal federal Gerardo Pollicita y bajo la órbita del juez Ariel Lijo, se centran en el origen de los fondos utilizados por Adorni para la compra de propiedades, entre ellas un departamento en el barrio porteño de Caballito y una casa en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz. Parte del dinero para estas adquisiciones provino de préstamos de particulares, incluyendo a una jubilada que declaró no conocer al funcionario. La escribana Adriana Nechevenko, quien intervino en la operación inmobiliaria, fue citada como testigo para el 8 de abril.

Además, la Justicia investiga los viajes realizados por Adorni y su familia, especialmente uno a Punta del Este en un vuelo privado y otro presuntamente a Aruba, para determinar si existen inconsistencias patrimoniales. Los registros migratorios muestran movimientos hacia Perú y Ecuador, pero no confirman el destino caribeño. Adorni ha declarado públicamente que no existen irregularidades en su patrimonio y que los viajes fueron financiados de manera legítima.

El caso ha generado repercusiones políticas, con la oposición preparando pedidos de interpelación en el Congreso y el oficialismo buscando minimizar el impacto en la imagen del Gobierno. Adorni deberá comparecer ante el Congreso el 29 de abril para responder a más de 4.800 preguntas sobre su gestión y situación patrimonial.

La elección de Matías Ledesma, abogado con experiencia en causas de alto perfil y antecedentes familiares en la defensa de figuras controvertidas, ha sido objeto de debate. Sin embargo, en el entorno presidencial consideran que una defensa sólida es clave para afrontar el proceso judicial y preservar la estabilidad institucional. El desarrollo de la causa será seguido de cerca, dado su potencial impacto en la percepción pública sobre la transparencia en la función pública.