El gobierno argentino, encabezado por Javier Milei, declaró a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) como organización terrorista, en una decisión que refuerza el alineamiento del país con Estados Unidos e Israel. La medida, oficializada a través de un comunicado de la Oficina del Presidente, implica la incorporación del CGRI al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), lo que habilita la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas para limitar su accionar en territorio argentino.

Según el gobierno, la decisión se fundamenta en investigaciones judiciales y trabajos de inteligencia que vinculan directamente al CGRI y a Hezbollah con los atentados perpetrados en Buenos Aires contra la Embajada de Israel en 1992 y la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994, que dejaron más de 100 muertos. "Las investigaciones determinaron que ambos ataques fueron planificados, financiados y ejecutados con participación directa de altos funcionarios del régimen iraní y de operativos de la Guardia Revolucionaria", señala el comunicado oficial.

El canciller israelí, Gideon Sa’ar, celebró la medida y agradeció públicamente a Milei, destacando que "Argentina se coloca a la vanguardia del mundo libre en la lucha contra el régimen terrorista iraní y sus ramificaciones". Por su parte, el gobierno iraní condenó enérgicamente la decisión, acusando a Argentina de alinearse con Estados Unidos e Israel y calificando la medida como un "grave error de cálculo" y una "ofensa" al pueblo iraní.

La decisión argentina se produce en un contexto de escalada bélica en Medio Oriente y tras la reciente declaración de Hezbollah, Hamás y la Fuerza Quds como organizaciones terroristas. El gobierno de Milei argumenta que la medida busca "saldar una deuda histórica" con las víctimas de los atentados y proteger el sistema financiero nacional de posibles usos ilícitos.

La CGRI, creada tras la Revolución Islámica de 1979, es considerada por Estados Unidos como grupo terrorista desde 2019 y por la Unión Europea desde 2006. Su inclusión en el listado argentino refuerza la postura internacional de la Casa Rosada y marca un nuevo capítulo en la política exterior del país, con posibles repercusiones diplomáticas y geopolíticas en la región.