El Gobierno nacional oficializó este miércoles un nuevo aumento en las tarifas de electricidad y gas que rige desde julio, en un contexto de alto consumo invernal y presión inflacionaria. Según las resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, la electricidad subirá un 1,5% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), mientras que el gas natural tendrá un incremento promedio del 3,01% a nivel nacional.

Para mitigar el impacto en los hogares más vulnerables, el Ejecutivo prorrogó por tercer mes consecutivo los subsidios adicionales para quienes están inscriptos en el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). De esta manera, las bonificaciones alcanzan hasta el 75% en gas y el 66,59% en electricidad, beneficiando a millones de usuarios que mantienen la ayuda estatal. "La modificación de la bonificación adicional extraordinaria responde a dar continuidad a los mecanismos de protección dirigidos a los sectores de menores ingresos", explicaron desde la Secretaría de Energía.

En contraste, los usuarios residenciales sin subsidio enfrentarán subas de hasta el 5% en sus facturas de electricidad, dependiendo de la distribuidora y el nivel de consumo. Para el gas, los nuevos valores varían según la empresa y la región, con ejemplos concretos para Metrogas y Naturgy BAN en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

El ajuste tarifario también responde a la necesidad de actualizar mensualmente los ingresos de las empresas transportistas y distribuidoras, así como a la intención oficial de reducir los subsidios a la mitad de la población y elevar la recaudación tributaria. Sin embargo, las empresas energéticas advierten sobre demoras en los pagos estatales, lo que podría afectar inversiones clave, especialmente en sectores como Vaca Muerta.

El contexto tarifario de julio se da en un escenario de fuerte aumento en la canasta de servicios públicos, que en el AMBA acumula un alza del 919% desde diciembre de 2023, muy por encima de la inflación general. Analistas y especialistas advierten que la energía convencional será cada vez más costosa y menos predecible, sugiriendo la necesidad de buscar soluciones estructurales y alternativas como la generación distribuida.

El Gobierno sostiene que la continuidad de los subsidios es clave para proteger a los sectores más vulnerables durante los meses de mayor consumo, aunque reconoce que el gasto público asociado deberá ser compensado con ajustes hacia fin de año. El debate sobre el futuro de los subsidios y la sostenibilidad del sistema energético sigue abierto, en un contexto de desafíos económicos y sociales.