La Justicia Nacional del Trabajo ordenó la suspensión inmediata de varios artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral y de su decreto reglamentario, tras una demanda presentada por la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, liderada por Hugo Moyano. El fallo, firmado por el juez Herman Mendel, hizo lugar al pedido del gremio al considerar que los artículos en cuestión afectaban la autonomía colectiva, la libertad sindical y el financiamiento de los gremios.

La sentencia, dictada el 1 de julio de 2026, impacta directamente en el convenio colectivo de trabajo 40/89, que regula el transporte automotor de cargas. Según el fallo, los artículos suspendidos limitaban la "caja sindical", es decir, los fondos destinados a seguro de sepelio, subsidios para viudas, cobertura de obra social, capacitación profesional y ayudas asistenciales, entre otros beneficios acordados en negociaciones colectivas.

El juez Mendel argumentó que el Decreto 407/2026 "no se limita a reglamentar la ley, sino que altera su contenido, ampliando el alcance del límite previsto por el legislador e imponiendo restricciones no contempladas en el propio texto legal, configurando un evidente exceso reglamentario contrario al artículo 99 inciso 2 de la Constitución Nacional". Además, fundamentó su decisión en el artículo 43 de la Constitución y en convenios internacionales que protegen la libertad sindical.

La medida cautelar estará vigente hasta que el juzgado dicte sentencia definitiva sobre la cuestión de fondo. El gremio de Camioneros había advertido que la reforma amenazaba con reducir de forma inmediata los ingresos destinados a prestaciones sociales y asistenciales. Testimonios presentados en la causa confirmaron el impacto negativo que tendría la aplicación de la normativa impugnada.

La suspensión ordenada por Mendel abarca a todas las empresas y cámaras representadas en el convenio colectivo, incluyendo FAETYL, FADEEAC y CATAC, todas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La causa continuará con la presentación de pruebas y alegatos de ambas partes, mientras el sector sindical celebra la medida como una defensa de sus derechos y fondos sociales. El fallo se inscribe en un contexto de tensión por la reforma laboral y el financiamiento sindical, y podría sentar un precedente para futuras disputas en el ámbito laboral argentino.