El sistema universitario argentino atraviesa una de sus crisis más profundas tras el inicio de un paro nacional docente que afecta a más de 60 universidades públicas en todo el país. La medida, impulsada por las federaciones Conadu Histórica y Conadu, responde a la falta de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y a la insuficiencia de las propuestas oficiales para recomponer los salarios frente a la inflación.

Desde diciembre de 2023, los docentes universitarios han sufrido una caída del salario real estimada entre el 35% y el 40%, según datos de gremios y observatorios especializados. Esta situación ha llevado a un aumento de las renuncias, el pluriempleo y la migración de profesionales altamente calificados hacia otros sectores o países. "Conozco biólogas que hicieron cursos de plomería y hoy son plomeras; están trabajando de eso", relató Haydée Pizarro, investigadora principal del CONICET y docente jubilada de la UBA, reflejando el impacto del deterioro salarial en la vida cotidiana de los docentes.

El conflicto se agrava por la falta de aplicación de la recomposición salarial del 55,4% prevista por ley y de un fallo judicial que ordena revertir la pérdida salarial. En cambio, el Gobierno nacional propone un aumento del 12% en cuotas, medida rechazada por los gremios por considerarla insuficiente ante la inflación acumulada. "El mensaje es que no cumple la ley porque no quiere", sostuvo el rector Germán Pinazo, mientras que desde los sindicatos se advierte que cada dos meses sin aplicación de la ley equivale a perder un salario completo.

La crisis también afecta el funcionamiento cotidiano de las universidades: la falta de financiamiento impacta en la infraestructura, los insumos y la continuidad de proyectos de investigación. Entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, se perdieron 5.750 puestos en el sistema científico público, y las becas doctorales han perdido atractivo ante la precarización laboral.

En este contexto, gremios y estudiantes preparan nuevas medidas de fuerza, incluyendo una Marcha Federal Universitaria y la instalación de una carpa federal para visibilizar el conflicto. Las autoridades universitarias advierten sobre el riesgo de vaciamiento institucional y la pérdida de capacidades estratégicas para el país. Mientras tanto, el Gobierno sostiene la necesidad de ajuste fiscal y defiende su propuesta de aumentos graduales, en medio de un clima de creciente tensión y movilización en el sector educativo.

El desenlace del conflicto permanece incierto, pero la continuidad de las medidas de fuerza y la falta de diálogo efectivo auguran un escenario de prolongada conflictividad en el sistema universitario argentino.