La modificación de la fórmula de actualización de las jubilaciones en Argentina, implementada por el gobierno de Javier Milei a partir de diciembre de 2023, provocó una significativa pérdida del poder adquisitivo de los jubilados. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) citado por múltiples medios, la caída real de los haberes alcanza el 27,4% en comparación con la fórmula anterior, que ajustaba por salarios y recaudación de la seguridad social.

El nuevo esquema, establecido por el DNU 274/2024, ata los haberes únicamente a la inflación, eliminando los componentes que permitían una recuperación cuando los precios comenzaban a descender. Así, la jubilación mínima sin bono se ubicó en $340.886 en diciembre de 2025, mientras que, de haberse mantenido la fórmula previa, habría alcanzado los $434.279. Esta diferencia mensual de $93.393 refleja el deterioro en los ingresos de los adultos mayores.

El bono compensatorio, que asiste a cerca del 70% de los jubilados, se congeló en $70.000 desde marzo de 2024, perdiendo valor frente a la inflación. De acuerdo con los análisis, para mantener su poder de compra, el bono debería haber ascendido a $177.485 en diciembre de 2025. El informe también destaca que el poder de compra actual de los jubilados se encuentra un 3% por debajo del promedio de los años noventa.

El impacto de estas medidas se agravó con el veto presidencial a leyes que buscaban recomponer los haberes, como la norma rechazada en agosto de 2025 que preveía un aumento excepcional del 7,2% y la actualización del bono. Además, la finalización de la moratoria previsional en marzo de 2025 dejó a la mayoría de los adultos mayores sin acceso a la jubilación, obligándolos a recurrir a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), equivalente al 80% de la mínima.

La política previsional del actual gobierno ha sido calificada como "regresiva" por centros de estudio y analistas, quienes señalan que la modificación de la fórmula se produjo en el momento en que la anterior comenzaba a permitir una recuperación real de los haberes. Mientras tanto, el Ejecutivo defendió la medida como necesaria para sostener el superávit fiscal, aunque las protestas de jubilados y las críticas de diversos sectores sociales continúan en aumento. El debate sobre el futuro del sistema previsional argentino sigue abierto, con un panorama incierto para los beneficiarios.