La reciente implementación de una tasa ambiental del 2% sobre el importe neto de IVA en cada compra en el municipio de Pilar ha desatado una fuerte polémica entre comerciantes, cámaras empresariales y autoridades nacionales. La medida, impulsada por el intendente Federico Achával, comenzó a regir hace diez días y afecta a una amplia gama de productos y servicios, desde alimentos y combustibles hasta indumentaria y electrodomésticos.

La reacción de los sectores comerciales no se hizo esperar. Diversas cámaras y asociaciones, como la Asociación de Supermercados Unidos y la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas, enviaron cartas formales al municipio advirtiendo que la tasa incrementa los costos, distorsiona los precios y afecta la competitividad. "La medida se aplicó sin consulta previa ni estudio técnico que la justifique", señalaron, y reclamaron su derogación inmediata. Los comerciantes alertan que el recargo se traslada directamente al consumidor, encareciendo productos esenciales y contribuyendo a la inflación local.

El impacto de la medida trascendió el ámbito local y llegó al Gobierno nacional. El ministro de Economía, Luis Caputo, criticó duramente la decisión y llamó a los consumidores a evitar comprar en Pilar. "No compren nada en Pilar. No avalen el accionar irresponsable de su intendente", expresó Caputo en redes sociales, profundizando la tensión entre la Nación y los intendentes del conurbano bonaerense.

En paralelo, la gestión de Achával resalta los avances en obras públicas y servicios. Durante sus seis años al frente del municipio, el intendente ha priorizado la inversión en infraestructura vial, hidráulica, educativa y de salud. Según datos oficiales, en el último año se asfaltaron más de 1.700 cuadras, se ampliaron rutas y se inauguró la Universidad de Pilar, que ya cuenta con tres mil alumnos. Además, se fortaleció el sistema de seguridad con la instalación de cámaras y la compra de patrulleros.

Sin embargo, la administración local enfrenta denuncias judiciales por presuntas irregularidades en contrataciones y licitaciones, así como críticas por el nuevo Código de Ordenamiento Territorial, que la oposición considera un riesgo para la propiedad privada.

El futuro de la tasa ambiental y las tensiones políticas en Pilar se mantienen en el centro del debate, mientras la gestión de Achával busca consolidar su modelo de desarrollo local en un contexto económico desafiante.