El asesinato de Maximiliano Gallardo, ocurrido el 17 de mayo de 2024 en Cinco Saltos, Río Negro, llegó a su desenlace judicial esta semana con la condena de los responsables. Enzo Oses fue sentenciado a 18 años de prisión como autor material del homicidio agravado por el uso de arma de fuego, mientras que Leticia Saso y Ezequiel Millar recibieron 7 años cada uno como partícipes secundarios. La resolución fue dictada por unanimidad por el tribunal del Foro Penal de la Cuarta Circunscripción Judicial, tras la admisión de culpabilidad de los acusados y la renuncia a los plazos procesales, lo que permitió la ejecución inmediata de las penas.

El crimen tuvo lugar en la vivienda de Saso, donde Gallardo, un joven tucumano que había llegado a la región en busca de trabajo, fue ejecutado de un disparo en la cabeza mientras se encontraba en una situación de indefensión. La investigación determinó que el móvil del asesinato estuvo relacionado con un conflicto por la compra-venta de estupefacientes, ya que los condenados eran proveedores de la víctima. Tras el homicidio, el cuerpo fue trasladado y ocultado en la zona de bardas del Lago Pellegrini, siendo finalmente hallado gracias a la intervención de la madre de Gallardo, quien viajó desde Tucumán para participar en la búsqueda.

Un cuarto implicado, acusado de encubrimiento, se suicidó antes de enfrentar el proceso judicial. Además de las condenas por homicidio, los tres sentenciados sumaron cargos por coacción calificada, violación de domicilio, hurto y desobediencia a una orden judicial.

La polémica se intensificó cuando, horas después de conocerse la sentencia, Oses publicó un mensaje en redes sociales desde la cárcel, minimizando la condena y burlándose del sistema judicial. "18 añitos no son nada, con conducta unos añitos más y estoy afuera. Así es la Justicia, qué chasco se llevaron jaja", escribió, lo que generó indignación y reavivó el debate sobre el acceso a celulares en las cárceles de Río Negro.

El caso puso en evidencia la necesidad de reforzar los controles en el sistema penitenciario y abrió un nuevo capítulo en la discusión sobre la seguridad y la justicia penal en la provincia. La sociedad y los familiares de la víctima reclamaron mayor rigor y medidas para evitar situaciones similares en el futuro.