La muerte del anestesista Alejandro Zalazar, ocurrida el 20 de febrero en su departamento de Palermo, desencadenó una investigación judicial que expuso una red de consumo y sustracción de anestésicos en hospitales porteños. Zalazar, hallado sin vida junto a frascos de propofol y fentanilo, presentaba signos de sobredosis, según confirmó la autopsia. El hallazgo de insumos médicos pertenecientes al Hospital Italiano en su domicilio llevó a la apertura de una causa por administración fraudulenta de medicamentos y a una investigación interna en la institución.

La pesquisa judicial se bifurca en dos expedientes: uno por la muerte dudosa de Zalazar y otro por el presunto robo de fármacos hospitalarios. En este último, los médicos Hernán Boveri y Delfina Lanusse fueron imputados y apartados de sus cargos, mientras la Justicia ordenó allanamientos en sus domicilios y en la sede de la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires (AAARBA). Ambos profesionales reconocieron, en distintos grados, el consumo de propofol fuera del ámbito hospitalario, aunque la investigación también indaga la relación jerárquica entre ellos y la posible existencia de una red más amplia.

El caso reveló la existencia de fiestas privadas, conocidas como “Propofest”, donde médicos organizaban “viajes controlados” con anestésicos, supervisados por colegas para minimizar riesgos. Sin embargo, especialistas advierten que el uso recreativo de estas sustancias fuera del hospital es extremadamente peligroso y puede causar la muerte con una mínima sobredosis.

La AAARBA, cuya sede fue allanada, se presentó como denunciante y colaboró con la Justicia, aportando actas y testimonios. El Hospital Italiano, por su parte, reforzó los controles internos y denunció los hechos ante las autoridades. La investigación también analiza la posible participación de otros centros de salud y la existencia de un “robo hormiga” de fármacos durante años.

Familiares de Zalazar y colegas médicos impulsaron la denuncia, mientras la Justicia continúa peritando celulares y documentación para identificar a más responsables. El caso pone en evidencia la necesidad de fortalecer los controles sobre medicamentos de uso restringido y podría sentar un precedente en la gestión hospitalaria argentina.