El Tribunal Oral en lo Criminal N°8 de Lomas de Zamora condenó este martes a Julián Canali a 12 años de prisión por el abuso sexual agravado de su hija, conocida públicamente como "Osita", en un caso que conmocionó a la comunidad de Banfield y a todo Lomas de Zamora. La sentencia, dictada tras casi nueve años de proceso judicial, fue el resultado de un juicio por jurados en el que 11 de los 12 integrantes votaron por la culpabilidad del acusado.

El hecho ocurrió cuando la víctima tenía apenas 4 años y fue detectado gracias a la intervención de una docente que notó comportamientos inusuales en la niña. La denuncia fue radicada por la madre, quien, junto a familiares y organizaciones sociales, acompañó a la menor durante todo el proceso. La víctima, que hoy tiene 13 años, pudo relatar los abusos tras recibir atención médica y psicológica.

Durante la audiencia de cesura, la fiscal Marcela Dimundo solicitó una pena de 11 años de prisión, mientras que la querella reclamó 18 años. Finalmente, el juez Nicolás Amoroso impuso una condena de 12 años, rechazando los pedidos de excarcelación y prisión domiciliaria presentados por la defensa. Canali, que había atravesado el proceso en libertad, fue detenido tras el veredicto de culpabilidad y deberá cumplir la pena en una unidad penitenciaria bonaerense.

El caso, conocido como "Osita" para resguardar la identidad de la víctima, se convirtió en un emblema de la lucha contra el abuso infantil y la demora judicial. La familia y colectivos sociales denunciaron el impacto emocional de la prolongación del proceso y reclamaron una condena ejemplar. "Hoy se hizo justicia por ella", expresó la madre de la víctima en un mensaje público, agradeciendo el apoyo recibido y subrayando la importancia de la red afectiva que sostuvo a la menor.

Por su parte, la defensa de Canali anunció que apelará la sentencia ante la Cámara de Casación, insistiendo en la inocencia del acusado y denunciando la imposibilidad de presentar pruebas clave. Sin embargo, el fallo fue celebrado por familiares, abogados y organizaciones sociales como un paso fundamental hacia la reparación y la protección de los derechos de la infancia. El caso deja en evidencia la necesidad de agilizar los procesos judiciales en delitos contra menores y refuerza el reclamo social por una justicia más rápida y efectiva.