Casi el 60% de las personas que viven en la calle quedó en esa situación en los últimos 2 años, según Capital Humano
• El primer relevamiento nacional oficial identificó 9.421 personas en situación de calle en 19 provincias argentinas. • Organizaciones sociales y expertos cuestionan la cifra y advierten un subregistro. • Fuerte debate sobre la metodología y el alcance real del problema.


El Ministerio de Capital Humano presentó el primer relevamiento nacional de personas en situación de calle, identificando a 9.421 personas en 19 provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Según el informe oficial, el 59% de los encuestados lleva dos años o menos en esa situación, el 83% son varones y el 92% mayores de edad. Además, el 52% tiene la primaria completa pero no terminó el secundario, y el 53% realiza alguna actividad laboral.
Sin embargo, la cifra fue rápidamente cuestionada por organizaciones sociales y expertos. El colectivo Proyecto 7 y el Observatorio Nacional de Políticas Públicas sobre Personas en Situación de Calle señalaron que el número es "imposible de creer" y que representa un subregistro significativo. "No somos 9.421", afirmaron desde Proyecto 7, recordando que solo en la Ciudad de Buenos Aires el último censo popular arrojó 11.892 personas en situación de calle. Mónica De Russis, de la asociación Amigos en el Camino, sostuvo: "Día a día vemos más gente en la calle. El número se incrementó muchísimo y las organizaciones estamos colapsadas".
El relevamiento oficial se realizó en una sola noche y mediante una aplicación digital, lo que generó críticas sobre su representatividad y alcance. Además, cinco provincias, incluida Buenos Aires, no participaron del operativo, lo que limita la cobertura nacional. Sergio Fadón, de la Fundación Puente Vincular, advirtió: "Los datos que se difundieron son muy escasos. No hay una delimitación por provincia ni por departamentos. Eso deja muchas preguntas abiertas".
El gobierno nacional defendió la metodología utilizada y destacó el uso de tecnología y la descentralización de la asistencia, que desde 2025 quedó a cargo de las provincias. No obstante, organizaciones sociales y académicos insisten en que la falta de participación de actores territoriales y la ausencia de un diagnóstico certero dificultan la elaboración de políticas públicas efectivas para abordar la problemática. La Ley 27.654 exige un diagnóstico federal y la participación de organizaciones sociales, aspectos que fueron cuestionados en este operativo. El debate sobre la magnitud real del fenómeno y la mejor forma de abordarlo sigue abierto.
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