El proceso de extradición de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como "Pequeño J", avanza hacia su etapa final tras la confirmación de las autoridades peruanas de que el acusado será trasladado a la Argentina en un plazo máximo de 30 días. Valverde Victoriano está imputado por el homicidio agravado de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi, en el marco del triple crimen de Florencio Varela ocurrido el 19 de septiembre del año pasado.

La extradición fue autorizada por la Corte Suprema de Perú y coordinada entre el Juzgado Federal N°2 de Morón, la Secretaría N°8 y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, con la intervención de Interpol. "El proceso de extradición del ciudadano peruano conocido como Pequeño J ingresó en su etapa final, luego que las autoridades de Perú informaran que el imputado ya fue puesto a disposición para su entrega", señalaron fuentes judiciales.

El caso, que conmocionó a la opinión pública por la brutalidad de los hechos, está vinculado a una organización narco transnacional. Según la investigación, las jóvenes fueron trasladadas en una caravana de vehículos desde La Matanza hasta Florencio Varela, donde fueron asesinadas y sus cuerpos hallados mutilados días después. La principal hipótesis apunta a una venganza narco por un supuesto robo de drogas.

Tras los crímenes, Valverde Victoriano huyó del país y fue detenido en Pucusana, Perú, tras una intensa búsqueda internacional. Desde entonces, permanece alojado en el Penal de Nuevo Imperial, en Cañete, considerado uno de los más complejos del sistema penitenciario peruano. La extradición, solicitada formalmente por la justicia argentina en septiembre, fue inicialmente rechazada por la defensa del acusado, pero finalmente aprobada por el gobierno peruano a fines de enero.

La causa, que pasó a la órbita federal por los vínculos con el narcotráfico, sigue en investigación con otros sospechosos detenidos y prófugos. Además de los homicidios, se investigan delitos de trata, explotación sexual y lavado de activos. Las autoridades argentinas buscan ampliar los cargos y acelerar el traslado de "Pequeño J" para que enfrente a la justicia local. El caso es considerado clave en la lucha contra el crimen organizado y la cooperación internacional en materia judicial.