El Senado argentino aprobó la reforma de la Ley de Glaciares, otorgando media sanción a un proyecto que redefine el alcance de las áreas protegidas y otorga mayor autonomía a las provincias para decidir sobre la explotación de recursos naturales. La iniciativa, que aún debe ser debatida en la Cámara de Diputados, propone limitar la protección ambiental a zonas con función hídrica comprobada, lo que podría permitir el avance de proyectos mineros en regiones cordilleranas antes restringidas.

La votación en el Senado resultó en 40 votos a favor y 31 en contra, con una abstención. El Gobierno celebró la medida como un avance hacia el "federalismo ambiental" y una respuesta a reclamos históricos de las provincias mineras, especialmente aquellas integradas en la Mesa del Litio y la Mesa del Cobre. Según el comunicado oficial, la reforma "garantiza el derecho a un ambiente sano sin renunciar a la utilización racional de los recursos naturales" y "devuelve a las provincias la competencia que les corresponde como legítimas titulares del dominio originario de sus recursos".

El sector minero estima que la flexibilización de la ley podría atraer inversiones por hasta 20.000 millones de dólares, posicionando a Argentina como uno de los principales productores globales de cobre y litio. Sin embargo, organizaciones ambientalistas y parte de la comunidad científica advierten que la reducción de áreas protegidas pone en riesgo las reservas estratégicas de agua dulce y el abastecimiento futuro para consumo humano, agricultura y producción regional. "Los glaciares no son una postal, sino bienes comunes intergeneracionales", señaló un columnista de Tiempo Argentino, subrayando el impacto ético y social de la reforma.

La discusión legislativa expone el dilema estructural de la Argentina contemporánea: cómo equilibrar la explotación de recursos estratégicos necesarios para el crecimiento económico con la preservación ambiental y la seguridad hídrica a largo plazo. El futuro de la ley dependerá del tratamiento en Diputados, donde puede ser aprobada sin cambios, modificada o rechazada, definiendo así el rumbo del modelo de desarrollo minero y ambiental del país.