El proyecto de Ley de Lobby impulsado por el gobierno de Javier Milei enfrenta un fuerte rechazo en el Congreso argentino. La iniciativa, que busca regular la gestión de intereses ante el Estado, fue duramente cuestionada en la última reunión informativa de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, donde ninguno de los 26 expositores convocados respaldó el texto oficial.

Organizaciones de derechos humanos, ONGs, sindicatos y cámaras empresarias coincidieron en advertir que la definición de "gestor de intereses" es tan amplia que podría abarcar desde la actividad de una cámara empresaria hasta el reclamo de una organización social o de víctimas. Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, afirmó: “Esto no es regular el lobby corporativo, esto es criminalizar la participación ciudadana”. En la misma línea, Alejandra García, presidenta del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, sostuvo que la iniciativa implica una “criminalización del ejercicio constitucional de peticionar ante las autoridades”.

El proyecto también fue criticado por asociar la cooperación internacional con la representación de intereses extranjeros, lo que genera preocupación en organizaciones que trabajan en áreas como derechos humanos y salud. Leandro Cahn, director ejecutivo de Fundación Huésped, advirtió que “burocratizar, estigmatizar y criminalizar la cooperación internacional y el activismo es un grave error”.

Ante el rechazo casi unánime, el oficialismo decidió postergar el dictamen y abrir una instancia de negociación con bloques dialoguistas, que ya trabajan en propuestas alternativas para reducir sanciones penales y precisar las definiciones más controvertidas. El presidente del plenario, Nicolás Mayoraz, aseguró que los legisladores “han tomado nota de todas las observaciones y aportes realizados” y que el objetivo es alcanzar un texto “que reúna el mayor consenso posible”.

El debate sobre la Ley de Lobby se da en el marco de una agenda legislativa cargada de reformas regulatorias y políticas impulsadas por el gobierno, en un contexto de tensiones con organizaciones sociales desde diciembre de 2023. La discusión continuará en las próximas semanas, con nuevas reuniones informativas y la búsqueda de consensos para avanzar en una regulación que no limite la participación democrática ni criminalice el activismo social.