El Senado argentino se encuentra en el centro de un intenso debate tras el avance de un proyecto de ley que busca endurecer las penas por falsas denuncias, especialmente en casos de violencia de género, violencia familiar y delitos contra la integridad sexual. La iniciativa, impulsada por la senadora radical Carolina Losada, propone penas de uno a tres años de prisión para quienes realicen denuncias falsas, y de tres a seis años si estas involucran delitos de género o contra menores. Además, agrava las sanciones para testigos, peritos o intérpretes que falseen información en estos contextos.

El dictamen fue firmado por representantes de varios bloques, incluidos libertarios, radicales y peronistas disidentes, aunque enfrenta una fuerte resistencia de sectores dialoguistas y de la oposición. "Se volvió a repetir el camino de un dictamen mal hecho y apurado casi por capricho. Preferiría no estar en una sesión así", expresó una senadora a Infobae. Desde Córdoba, la legisladora Karen Acuña anunció que impulsará un pedido formal para que los senadores nacionales rechacen la iniciativa, argumentando que "el proyecto carece de estadísticas concretas sobre por qué se estaría legislando en ese sentido" y advirtiendo que "las denuncias falsas representan solo un 1% a nivel mundial".

Organizaciones feministas y de derechos humanos también han manifestado su preocupación, señalando que la reforma podría desalentar denuncias reales y profundizar la revictimización de mujeres y menores. Según datos de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema y de ONU Mujeres, las denuncias falsas en casos de violencia de género son mínimas, mientras que la mayoría de los delitos sexuales no se denuncian. "Va a generar un impacto social disuasorio, va a aumentar el miedo y va a profundizar la revictimización de las mujeres", sostuvo Acuña.

El proyecto ya había perdido estado parlamentario en 2024 y 2025, pero fue reimpulsado este año y obtuvo dictamen en la comisión de Justicia y Asuntos Penales. Sin embargo, su tratamiento en el recinto aún no está confirmado y el debate sigue abierto. Mientras tanto, se discute si la reforma es necesaria o si podría contradecir tratados internacionales de protección a las víctimas. El desenlace de la iniciativa podría tener implicancias significativas para el acceso a la justicia y la protección de los derechos de las víctimas en Argentina.