La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) enfrenta una investigación judicial por presuntas irregularidades en el manejo de fondos en el exterior, en una causa que involucra a la empresa TourProdEnter, del empresario Javier Faroni. El juez federal Adrián González Charvay ordenó operativos en las sedes de la AFA en la calle Viamonte, en la Ciudad de Buenos Aires, y en el predio de Ezeiza, con el objetivo de recolectar documentación contable y digital vinculada a contratos internacionales de la Selección Argentina.

Según fuentes judiciales, la hipótesis principal es que TourProdEnter administró entre 260 y 300 millones de dólares de la AFA en el exterior, y que al menos 42 millones habrían sido desviados a sociedades presuntamente fantasma. La empresa, inscripta en Miami por la esposa de Faroni, habría canalizado fondos provenientes de contratos de sponsoreo, derechos de transmisión y partidos amistosos, firmados bajo la conducción de Claudio "Chiqui" Tapia y su tesorero Pablo Toviggino.

Durante los procedimientos, la Prefectura Naval secuestró una computadora y abundante documentación, mientras que la Justicia ya contaba con contratos y balances aportados por la Inspección General de Justicia. El operativo en la sede de Viamonte se extendió por más de 12 horas, mientras que en Ezeiza concluyó con la incautación de material digital.

La investigación también apunta a determinar si parte de los fondos administrados por TourProdEnter fue utilizada para financiar la compra de una mansión en Pilar, valuada en 17 millones de dólares y formalmente a nombre de terceros, pero presuntamente vinculada a Toviggino. La Justicia busca unificar las causas abiertas en distintos juzgados para evitar superposición de pruebas y decisiones contradictorias.

En respuesta, la AFA emitió comunicados negando que se hayan realizado allanamientos y calificando los procedimientos como una "requisitoria de documentación" en el marco de actuaciones legales en curso. La entidad defendió el pago de comisiones del 30% a TourProdEnter y destacó la mejora en los contratos internacionales desde 2017.

El caso ha generado tensión entre la conducción de la AFA y los tribunales, así como incertidumbre sobre el futuro de la administración del fútbol argentino. La resolución de la competencia judicial y el avance de la investigación serán claves para determinar el alcance de las presuntas irregularidades y sus eventuales consecuencias institucionales.