La Legislatura de Mendoza aprobó una nueva ley que permitirá al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) acelerar los procesos de desalojo y recuperación de viviendas sociales en casos de incumplimiento por parte de los adjudicatarios. La norma, que modifica la Ley Nº 4203 y el Código Procesal Civil, fue sancionada con una amplia mayoría, aunque no exenta de críticas y denuncias de la oposición.

El objetivo central de la ley es agilizar la reasignación de viviendas sociales a familias que permanecen en lista de espera, en un contexto donde la demanda habitacional supera las 100.000 familias en la provincia. Según datos oficiales, el 30% de los adjudicatarios está en mora, lo que equivale a unas 4.000 familias. Durante 2025 y lo que va de 2026, el IPV inició más de mil expedientes por incumplimientos, resolviendo la mayoría mediante planes de pago, pero avanzando en desadjudicaciones cuando no se logra regularizar la situación.

La nueva normativa habilita al IPV a promover juicios de desalojo una vez que la desadjudicación esté firme, sin necesidad de homologación judicial previa, salvo que una autoridad competente disponga lo contrario. Los principales motivos de desadjudicación son la mora en el pago de cuotas y la ocupación irregular, como el alquiler o abandono de la vivienda. El proceso administrativo previo incluye notificaciones, visitas sociales y alternativas de regularización, extendiéndose entre 12 y 15 meses antes de llegar al desalojo.

El debate legislativo estuvo marcado por la confrontación entre oficialismo y oposición. El senador justicialista Mauricio Sat denunció la falta de transparencia en la adjudicación de viviendas y advirtió sobre el riesgo de desalojar familias mientras aún se discuten recursos administrativos o judiciales. "La transparencia no empieza con la desadjudicación, sino con la adjudicación", afirmó Sat, quien también presentó un proyecto para impedir que funcionarios y allegados accedan a viviendas sociales.

Desde el oficialismo, la senadora Natacha Eisenchlas defendió la medida y rechazó las acusaciones de crueldad. "El objetivo es permitir que la resolución de desadjudicación tomada por el directorio del IPV sirva como título hábil para iniciar un proceso de desalojo ante la Justicia", explicó. El presidente del IPV, Gustavo Cantero, subrayó que la ley busca proteger el carácter social de las viviendas y garantizar que lleguen a quienes realmente las necesitan.

La sanción de la ley se da en un contexto de creciente presión sobre el sistema habitacional mendocino, con recursos limitados y una demanda que supera ampliamente la oferta. El IPV continúa con controles y auditorías para asegurar el uso correcto de las viviendas y fortalecer la sostenibilidad del sistema en el mediano plazo.