Santiago Maratea, uno de los influencers más populares de Argentina, se encuentra en el centro de una controversia judicial tras ser denunciado por el Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires. La denuncia, radicada en el Juzgado Correccional N°2 de La Plata y a cargo del juez Diego Tatarsky, acusa a Maratea de emitir consejos sobre alimentación y promocionar productos sin poseer el título habilitante, lo que podría constituir ejercicio ilegal de la profesión y poner en riesgo la salud pública.

El conflicto escaló cuando Maratea, citado a declarar, no se presentó ante la Justicia, lo que motivó la activación de un protocolo de localización. Lejos de mostrarse preocupado, el influencer respondió desde sus redes sociales con ironía: “A mí me supera el concepto ‘se activó un protocolo para dar con mi paradero’. Mándame un mensaje, amigo, estoy en mi casa”, publicó en Instagram, donde cuenta con más de 3,3 millones de seguidores. Además, desafió a las autoridades prometiendo informar en tiempo real su ubicación para evitar la búsqueda.

La presidenta del Colegio de Nutricionistas, Laura Salzman, explicó que la denuncia no solo responde a la promoción de productos como el “té adelgazante”, sino también a declaraciones que consideraron injuriosas hacia los profesionales del sector. Salzman subrayó que la ley de Trastornos de la Conducta Alimentaria establece que solo médicos y nutricionistas pueden recomendar planes alimentarios, y advirtió sobre el peligro de que figuras públicas sin formación adecuada influyan en la salud de la población.

Por su parte, Maratea no solo se negó a retractarse, sino que redobló la apuesta acusando a Salzman de abuso de poder y corrupción, alegando que recibió información de seguidores sobre supuestos conflictos internos en el Colegio. “Sostengo mi postura”, afirmó el influencer, quien argumentó que sus comentarios no constituyen delito ya que no se dirigieron a una persona en particular.

El caso ha reavivado el debate sobre los límites de la opinión pública, la responsabilidad de los influencers y la necesidad de regular la promoción de productos de salud en redes sociales. Mientras la Justicia avanza con el expediente, la controversia sigue generando repercusiones tanto en el ámbito profesional como en la opinión pública, poniendo en foco el rol de los comunicadores no profesionales en temas sensibles como la salud.