El empresario Marcelo Porcel, miembro de una reconocida familia vinculada a los negocios financieros y agropecuarios en Argentina, enfrenta una investigación judicial por presuntos abusos sexuales y corrupción de menores. Las denuncias, presentadas por al menos nueve adolescentes compañeros de colegio de su hijo en el Colegio Palermo Chico, describen situaciones de tocamientos, masajes con crema de menta, incitación al consumo de alcohol y apuestas online, así como la producción de imágenes de menores.

La causa, que se tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50, se activó el 5 de julio de 2024 y ha sumado hasta el momento siete querellantes y un denunciante, todos representados por el mismo abogado. En el marco de la investigación, la Justicia ordenó allanamientos en domicilios y oficinas de Porcel, secuestrando computadoras y celulares para peritaje. Además, se dictó una restricción de acercamiento que le impide concurrir al colegio y al club GEBA, donde los menores practican deportes.

El 27 de noviembre, las querellas solicitaron la indagatoria y detención de Porcel por los delitos de abuso sexual agravado, corrupción de menores y producción y tenencia de imágenes de un menor. El fiscal Pablo Turano adhirió al pedido de indagatoria, pero no al de detención, argumentando que el imputado ha estado siempre a derecho, no presenta riesgo de fuga y carece de antecedentes penales. La Defensoría de Menores coincidió con esta postura.

Sin embargo, la defensa de las víctimas reiteró el pedido de detención tras descubrir que Porcel se había mudado sin notificar a la Justicia. A pesar de ello, la Fiscalía volvió a rechazar la detención. Actualmente, Porcel se encuentra en Punta del Este, Uruguay, con permiso judicial, mientras se resuelve la situación procesal tras la incorporación de un nuevo denunciante.

El caso ha generado un intenso debate público sobre la protección de menores y la respuesta judicial ante denuncias de gravedad. La familia Porcel fue expulsada del colegio, y la investigación continúa bajo la atención de la opinión pública y los medios nacionales. El desenlace del proceso podría sentar un precedente en la actuación judicial frente a delitos contra menores en ámbitos privados y de alto perfil.