El 1 de septiembre de 2022, la política argentina vivió uno de sus momentos más críticos cuando Cristina Fernández de Kirchner, entonces vicepresidenta, fue víctima de un intento de magnicidio en la esquina de Juncal y Uruguay, en la Ciudad de Buenos Aires. Fernando Sabag Montiel, el agresor, logró acercarse a centímetros de la dirigente y gatilló una pistola Bersa calibre .32, que no disparó por no tener la bala en la recámara. La rápida reacción de la multitud y la custodia evitó una tragedia mayor.

Tres años después, el juicio oral contra Sabag Montiel y Brenda Uliarte, su pareja y partícipe en la planificación, está por concluir. La fiscalía y la querella han solicitado penas de hasta 15 años de prisión para ambos, mientras que Nicolás Carrizo, otro implicado, fue absuelto y liberado. El proceso judicial ha estado marcado por polémicas, especialmente por el manejo de pruebas clave, como el celular de Sabag Montiel, que fue manipulado de forma irregular y terminó inutilizado para la investigación.

La jueza María Eugenia Capuchetti, a cargo de la instrucción, fue criticada por no avanzar sobre posibles instigadores y financistas, entre ellos el diputado Gerardo Milman y el grupo Revolución Federal, que recibió pagos sospechosos de empresas vinculadas al actual ministro de Economía. La causa se elevó a juicio solo contra los autores materiales, lo que generó reclamos de sectores políticos y sociales por una investigación más profunda.

En paralelo al cierre del juicio, el peronismo convocó una caravana desde la sede del Partido Justicialista hasta el domicilio de Cristina Kirchner en el barrio Constitución, bajo la consigna "Ni muerta, ni presa. Libre e inocente". La movilización busca expresar apoyo a la exmandataria y exigir justicia, en un contexto de persistente polarización y denuncias de "lawfare".

El atentado se produjo en un clima de creciente violencia política y hostilidad mediática, con antecedentes de ataques al despacho de CFK y manifestaciones agresivas. Dirigentes como Gabriela Estévez han denunciado la falta de avances sobre los autores intelectuales y el carácter de género del ataque, mientras la sociedad argentina se moviliza en defensa de la democracia y contra la violencia política.

A tres años del hecho, el caso sigue abierto en la opinión pública, con interrogantes sobre el financiamiento y la instigación, y con el juicio oral a punto de concluir. El episodio permanece como una advertencia sobre los riesgos de la violencia política y la necesidad de fortalecer las instituciones democráticas en Argentina.