El femicidio de Agostina Vega, una adolescente cordobesa de 14 años, reavivó el debate sobre las políticas de género en Argentina y generó un tenso cruce entre la ex titular del Inadi, Victoria Donda, y el diputado de La Libertad Avanza, Manuel Quintar. El intercambio se produjo tras la última marcha de #NiUnaMenos, donde se multiplicaron las críticas al gobierno de Javier Milei por su accionar en materia de violencia de género.

Durante una entrevista televisiva, Quintar expresó su solidaridad con la familia de la víctima, pero acusó a sectores del kirchnerismo de "aprovechar" la causa para atacar al oficialismo. "La política rancia del kirchnerismo usa y descontextualiza causas nobles como la defensa de los derechos de las mujeres", afirmó el legislador, quien también señaló que la violencia de género es una cuestión provincial y no exclusiva del gobierno nacional.

Victoria Donda, por su parte, rechazó las acusaciones y sostuvo que "nunca hubo una ley que elimine la prisión efectiva de los violadores". Además, denunció que el gobierno de Milei cerró el Ministerio de las Mujeres y recortó el presupuesto de la línea 144, destinada a la asistencia de mujeres en situación de violencia. "¿A qué mujeres defienden?", cuestionó Donda, quien también acusó al oficialismo de instruir a la Justicia para caratular femicidios como homicidios y así mostrar una baja artificial en las estadísticas.

El cruce incluyó referencias a gestiones anteriores y acusaciones personales. Quintar sostuvo que durante el gobierno de Alberto Fernández hubo más femicidios y criticó la postura opositora sobre leyes de seguridad. Donda, en tanto, insistió en que el Estado debe garantizar la protección de las mujeres y que la manipulación de datos es una grave irresponsabilidad.

El debate se da en un contexto de creciente preocupación social por la violencia de género y la respuesta estatal. El movimiento #NiUnaMenos, surgido en 2015, ha sido clave en la visibilización de estos temas y continúa movilizando a miles de personas en todo el país. La discusión sobre la tipificación y registro de los femicidios sigue siendo un punto central en la agenda pública, mientras las posturas políticas se mantienen enfrentadas.