La Justicia Federal de San Juan investiga una denuncia de extrema gravedad contra integrantes de la Gendarmería Nacional Argentina, tras la presentación de René Bordón, odontólogo y exoficial, quien acusa a dos superiores y una psicóloga de someterlo a abusos sexuales, torturas físicas y psicológicas, y encubrimiento institucional en el Centro de Formación Félix Manifior de Barreal, San Juan, entre 2014 y 2016.

Según el testimonio de Bordón, los hechos comenzaron tras un cambio de mando en el destacamento, cuando fue víctima de humillaciones, agresiones físicas, manoseos y amenazas con armas por parte de los comandantes Darío Fabián Barco y Gustavo Manuel Aranda. Bordón relató que era obligado a sostener una hoja para evidenciar su temblor, mientras era golpeado y sometido a actos sexuales no consentidos, utilizados para degradarlo y someterlo. "Lo que viví no fue un maltrato. Fue tortura", afirmó en diálogo con medios nacionales.

La denuncia, patrocinada por la abogada Milagros Grassi, también involucra a la psicóloga Graciela Parodi Camuñas, quien habría deslegitimado la denuncia de Bordón, atribuyéndole "fantasías sexuales" y contribuyendo a la elaboración de informes médicos que permitieron declararlo "inútil para todo servicio". Esta calificación, según Bordón, le impidió continuar su carrera profesional y afectó gravemente su salud mental y su vida personal.

El expediente judicial, abierto el 6 de agosto de 2025, incluye delitos de abuso sexual con acceso carnal, coacción agravada, encubrimiento agravado y abuso de autoridad. El juez federal Federico Millan Ursino admitió a Bordón como querellante y ordenó medidas de protección urgentes: prohibición total de contacto, restricción de 500 metros y la entrega de un botón antipánico. Además, dispuso la obtención de legajos completos de los involucrados, registros internos de denuncias, historia clínica, informes psiquiátricos y testimonios de profesionales de la fuerza.

El caso expone un presunto entramado institucional de protección a los agresores y manipulación de pruebas, así como la falta de mecanismos efectivos de denuncia y resguardo para las víctimas dentro de las fuerzas de seguridad. Bordón y otros afectados intentaron alertar al Ministerio de Seguridad de la Nación, pero recibieron advertencias de sanción, lo que cerró vías de auxilio fuera de la cadena jerárquica.

La investigación continúa abierta y podría derivar en reformas sobre control y rendición de cuentas en instituciones armadas. "Fue una maquinaria institucional que me quebró el cuerpo, me trituró la mente y me arrebató el alma", expresó Bordón, quien continúa bajo tratamiento psicológico. El caso promete sacudir los cimientos de la Gendarmería Nacional y abrir un debate sobre la protección de víctimas y la responsabilidad institucional.