La Justicia argentina avanza en el proceso de decomiso de bienes en el marco de la causa Vialidad, que involucra a la ex presidenta Cristina Kirchner, su familia y otros exfuncionarios. El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, espera un informe clave del Banco Galicia para proceder con el decomiso de cinco millones de dólares pertenecientes a Florencia Kirchner, fondos originalmente secuestrados en la causa Hotesur.

Tras la confirmación de la sentencia por parte de la Corte Suprema de Justicia el 14 de junio de 2025, el TOF 2 activó los mecanismos para recuperar fondos públicos afectados por la administración fraudulenta en la obra pública. El monto total del fraude, según peritos contables, asciende a 685.000 millones de pesos. La Cámara de Casación ratificó recientemente la orden de avanzar sobre 111 bienes muebles e inmuebles identificados por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, pese a los recursos presentados por la defensa ante el máximo tribunal.

El proceso de decomiso incluye 141 inmuebles, de los cuales 13 pertenecen a sociedades de la familia Kirchner y 128 a sociedades vinculadas a Lázaro Báez, además de 46 vehículos y activos financieros. Entre estos activos se encuentran los fondos de Florencia Kirchner: 4.664.000 dólares en una caja de seguridad, 992.134 dólares en una caja de ahorro y 53.280,24 pesos, todos bajo investigación por presunto lavado de activos y asociación ilícita.

El fiscal Diego Luciani fundamentó la urgencia de las medidas señalando que el perjuicio económico consistió en una "defraudación colosal a la Administración pública". Desde el Ministerio Público Fiscal se subraya la importancia de aplicar la ley de manera uniforme y recuperar activos provenientes de delitos para desterrar la impunidad. Los camaristas Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky respaldaron la ejecución inmediata del decomiso, argumentando que el Estado no puede permitir que el delito continúe produciendo efectos económicos.

La defensa de la familia Kirchner ha presentado recursos para frenar la ejecución patrimonial, pero fuentes judiciales sostienen que estos no suspenden el proceso en curso. El objetivo central de la Justicia es reparar el daño causado al Estado y restaurar la confianza en las instituciones públicas, reafirmando la vigencia de la ley y el consenso social sobre la ilicitud de los hechos. El avance del decomiso marca un paso significativo en la lucha contra la corrupción y la recuperación de activos en Argentina.