El Gobierno nacional puso en marcha un plan estratégico para privatizar y concesionar cerca de 9.000 kilómetros de rutas nacionales, en un intento por mejorar la infraestructura vial y reactivar la economía a través de la inversión privada. Esta iniciativa, que abarca una red total de 40.000 kilómetros, responde al deterioro de las rutas tras más de dos años de paralización de obras públicas y un ajuste presupuestario estimado en 7.400 millones de dólares.

La primera etapa del plan ya está en marcha, con 741 kilómetros adjudicados y en proceso de rehabilitación en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes. El grupo José Cartellone, a cargo de Autovía del Mercosur S.A., finalizó la recuperación de 203 kilómetros entre Zárate y Gualeguaychú, permitiendo la reactivación del cobro de peajes en ese tramo. En las próximas semanas, la Dirección Nacional de Vialidad avanzará con la adjudicación de la Etapa II, que incluye 1.325 kilómetros en rutas clave como la RN3 hasta Bahía Blanca, la RN205 hasta Bolívar y la RN226 hacia Mar del Plata, además de autopistas como Ezeiza-Cañuelas y Riccheri.

El plan contempla también la Etapa III, que sumará más de 6.400 kilómetros en corredores estratégicos que conectan Buenos Aires con Córdoba, San Luis, Santa Fe, La Pampa, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Mendoza y la frontera con Chile. En Salta, la reorganización del sistema de peajes prevé la instalación de una nueva estación en Metán, el regreso del cobro en Aunor y la continuidad de la estación de Cabeza de Buey, con un sistema que evitará el doble pago en trayectos cortos.

Las empresas concesionarias tendrán un plazo de un año para ejecutar obras y mejoras antes de iniciar el cobro de peajes. Si bien la medida busca dinamizar el empleo y la actividad económica, especialistas como Ricardo Delgado, presidente de Analytica, advierten que la inversión privada no sustituirá la lógica de la obra pública tradicional y que el impacto en el sector será moderado en el corto plazo. El sector de la construcción, por su parte, reconoce la importancia de la iniciativa, pero mantiene expectativas cautelosas respecto a su alcance real.

El proceso de privatización y concesión de rutas se presenta como una respuesta a la falta de fondos estatales y al deterioro de la red vial, con la esperanza de que la participación privada permita mejorar la transitabilidad y generar empleo, aunque sin expectativas de un cambio estructural inmediato.