Facundo Leal, ex presidente de ARSAT y ex titular del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), fue detenido tras una serie de allanamientos realizados en la Ciudad de Buenos Aires y Mendoza. Durante los procedimientos, la justicia secuestró más de 2,4 millones de dólares en efectivo, drogas sintéticas, cocaína, ketamina, equipos de espionaje y documentación relevante para la causa. El caso, que comenzó con la investigación de un robo de equipamiento tecnológico de ARSAT, derivó en la exposición de una presunta red de corrupción, lavado de activos y vínculos con el poder político y empresarial.

La investigación judicial, a cargo del fiscal federal Federico Domínguez, detectó contrataciones irregulares y presunto pago de sobornos a través de la empresa Argentina Logistic Services (ALS), que obtuvo negocios con ARSAT mediante procedimientos simulados y sin cumplir requisitos de seguridad. El allanamiento a las propiedades de Leal reveló no solo el dinero en efectivo, sino también drogas y sofisticados dispositivos de espionaje, cuyo uso y origen están bajo análisis pericial. "Leal se negó a entregar las claves de sus dispositivos; los peritajes continúan", señalaron fuentes judiciales.

El hallazgo de valijas con dinero termosellado y fajas de la Reserva Federal de EE.UU. generó sospechas sobre el origen de los fondos, ya que no estaban declarados en el patrimonio de Leal. Además, la investigación apunta a posibles vínculos con empresarios influyentes y funcionarios de distintas administraciones, lo que refuerza la hipótesis de una red de corrupción de largo alcance.

Leal, abogado mendocino y fundador de ARSAT, logró mantenerse en cargos estratégicos durante casi dos décadas, atravesando gobiernos de diferentes signos políticos. Su detención y el volumen de dinero incautado han generado un fuerte impacto en el ámbito político y empresarial. "La magnitud del efectivo hallado abre interrogantes sobre el origen de esos fondos y sobre eventuales activos no informados", indicaron fuentes cercanas a la causa.

La causa sigue en desarrollo, con nuevas indagatorias previstas y la posibilidad de que la investigación se extienda a otros actores del entorno político y empresarial. El caso pone en el centro del debate la transparencia en la gestión de organismos estatales y la necesidad de controles más estrictos sobre el patrimonio de los funcionarios públicos.