A dos años del devastador temporal que azotó Bahía Blanca el 16 de diciembre de 2023, la ciudad aún enfrenta las secuelas de una de las tragedias más graves de su historia reciente. Aquella tarde, ráfagas de viento de hasta 185 kilómetros por hora provocaron el derrumbe de una pared en el club Bahiense del Norte durante un evento de patín, causando la muerte de 13 personas y dejando decenas de heridos.

El desastre expuso serias deficiencias en los controles y habilitaciones municipales. Según la investigación judicial, el club no contaba con habilitación vigente y se ignoraron alertas meteorológicas previas. Actualmente, tres personas están imputadas: Leandro Ginóbili, presidente del club; Laura Soberón, funcionaria municipal; y Pablo Ascoiani, ingeniero responsable de la estructura. El fiscal Cristian Aguilar remarcó que la tragedia pudo haberse evitado si se hubieran cumplido las normativas y suspendido el evento ante las alertas.

Las historias de las víctimas y sobrevivientes reflejan el profundo impacto humano de la tragedia. Celeste Castillón, quien perdió a su hijo y a su pareja, relata cómo su vida quedó marcada por el dolor y la ausencia. Otros, como Ariel Ferro, aún luchan con secuelas físicas y reclaman resarcimientos económicos al municipio, denunciando la falta de apoyo institucional.

El temporal también dejó una huella ambiental significativa: se estima la pérdida de entre 14.000 y 15.000 árboles en la ciudad. En respuesta, el municipio implementó programas de reforestación y recuperación ambiental, aunque el proceso es lento y enfrenta desafíos.

En el plano judicial, los familiares de las víctimas y sus representantes legales insisten en la necesidad de justicia y esclarecimiento de los hechos. Critican la utilización política del caso y exigen que se determinen responsabilidades claras. "El dolor acompaña todos los días y, pese a ello, las familias deben seguir trabajando y sosteniendo la vida cotidiana", expresó Sebastián Mazza, abogado de las familias.

A dos años, Bahía Blanca sigue buscando respuestas y justicia, mientras la memoria de las víctimas y el reclamo de prevención y responsabilidad institucional permanecen vigentes.