Un ex agente de la Policía Federal Argentina fue detenido en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, tras ser acusado de usurpar la identidad del presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Daniel Petrone. El detenido, identificado como Gustavo Omar de los Santos, habría utilizado llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp, empleando una foto de perfil del magistrado, para influir en decisiones judiciales y policiales en la provincia de Corrientes.

La investigación se inició a fines de septiembre de 2025, cuando el juez Gustavo Fresneda, titular del Juzgado Federal de Paso de los Libres, recibió comunicaciones del supuesto Petrone. En las conversaciones, el impostor ofrecía utilizar su "influencia" para interceder en la subrogación del juez y exigía la revocación de una prisión domiciliaria de un detenido por narcotráfico. Además, solicitó el traslado de policías correntinos entre comisarías, llegando a amenazar con "cortar cabezas" si sus pedidos no eran atendidos.

El juez Fresneda, alertado por el lenguaje y las exigencias del interlocutor, se comunicó con el verdadero Petrone, quien desconocía los hechos y presentó una denuncia ante la División Delitos Tecnológicos de la Policía Federal Argentina. La fiscalía, a cargo de Franco Picardi, y el Juzgado Federal N°11, subrogado por Sebastián Casanello, ordenaron la detención del sospechoso tras confirmar la maniobra mediante intervenciones telefónicas y análisis de pruebas.

Durante el allanamiento en el domicilio de De los Santos, se secuestraron celulares, chips telefónicos, anotaciones y una pistola Bersa calibre .380 con municiones, para la cual el acusado no tenía autorización legal. Las investigaciones también revelaron que el ex policía había cobrado sumas de dinero por gestionar traslados de efectivos, reclamando hasta $400.000 adicionales por demoras y transfiriendo parte del dinero a cuentas vinculadas.

El acusado se negó a declarar ante la justicia, aunque pidió disculpas por los "inconvenientes ocasionados". Ahora enfrenta cargos por usurpación de honores y tenencia ilegal de arma. El caso ha generado preocupación en el ámbito judicial y policial, evidenciando la necesidad de fortalecer los mecanismos de seguridad institucional y la vigilancia sobre posibles redes de corrupción.

La rápida actuación de los jueces, la fiscalía y la Policía Federal permitió esclarecer el hecho y evitar mayores daños, aunque el episodio deja en evidencia la vulnerabilidad de las instituciones frente a maniobras de suplantación de identidad y tráfico de influencias.