Amnistía Internacional presentó una acción judicial contra el municipio de San Isidro, en la provincia de Buenos Aires, por presuntas barreras en el acceso al aborto legal. La denuncia, respaldada por organizaciones feministas y de derechos humanos, señala la existencia de un protocolo municipal que impone requisitos adicionales y demoras injustificadas para quienes solicitan la interrupción voluntaria del embarazo, en contravención de la Ley Nacional 27.610.

Según testimonios recogidos por Amnistía Internacional y la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, desde 2024 se han registrado derivaciones a consultorios no oficiales, desinformación y exigencias de pasos previos como consultas psicológicas y sociales, así como la firma de múltiples formularios de consentimiento. "Este llamado protocolo no constituye una implementación legítima de la Ley, sino que da apariencia de legalidad a verdaderos obstáculos administrativos que restringen el ejercicio de un derecho", afirmó Mariela Galassi, representante de Amnistía Internacional.

El municipio reconoció ante la justicia la existencia de un protocolo interno, distribuido entre el personal de salud, pero no lo publicó oficialmente ni lo firmó como acto administrativo. Profesionales de la salud denunciaron que, desde 2024, enfrentan persecución y hostilidad por garantizar el derecho al aborto, y que la situación ha generado un clima de incertidumbre y temor tanto para pacientes como para el personal médico.

El informe de Amnistía Internacional destaca que las denuncias por barreras al aborto aumentaron un 300% en 2025 respecto al año anterior, y que la falta de insumos y recortes en políticas de salud sexual han agravado la situación. "Cuando el acceso queda sujeto a la capacidad de cada jurisdicción, las personas en situación de mayor vulnerabilidad quedan más expuestas a abortos inseguros y a riesgos para su salud y su vida", advirtió Mariela Belski, directora ejecutiva de la organización.

La acción judicial presentada solicita que se ordene al municipio de San Isidro el cese de prácticas irregulares, la adecuación a la normativa vigente y la garantía del acceso al aborto en todos los niveles del sistema de salud. El caso se inscribe en un contexto nacional de creciente preocupación por el acceso efectivo a derechos sexuales y reproductivos, especialmente tras los recortes implementados desde el inicio del gobierno de Javier Milei. Las organizaciones demandantes insisten en la necesidad de reforzar la confidencialidad de las pacientes y de evitar dilaciones que puedan poner en riesgo su salud y sus derechos.