La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó este jueves una reforma al Código Contravencional que endurece las sanciones contra los denominados "trapitos" y limpiavidrios. La iniciativa, impulsada por el jefe de Gobierno Jorge Macri y respaldada por una mayoría de 36 votos, establece penas de arresto de entre 10 y 60 días, multas económicas que superan los seis millones de pesos y trabajo comunitario de hasta 45 días para quienes exijan dinero por estacionar o limpiar vidrios en la vía pública sin autorización.

La nueva ley, identificada como 6961, introduce agravantes que duplican las penas en casos de intimidación, violencia, reincidencia o aprovechamiento de la vulnerabilidad del conductor. Además, los organizadores o jefes de grupos podrán ser inhabilitados para acceder a planes sociales y beneficios estatales por un plazo de hasta dos años. La norma también prevé sanciones para clubes, instituciones u organizadores de eventos que faciliten o participen en la actividad ilegal, con multas de hasta 20.000 unidades fijas y clausuras de hasta 90 días.

El radio de control se amplía a 50 cuadras alrededor de los eventos y el horario de prohibición se extiende desde seis horas antes hasta tres horas después de su finalización. Entre mayo de 2025 y mayo de 2026 se registraron más de 13.000 contravenciones relacionadas con estas prácticas, lo que motivó la reforma. "Si sos trapito, te meto preso. Ley y orden", expresó Jorge Macri tras la sanción, destacando la necesidad de una política de "tolerancia cero".

La ley también incorpora restricciones de acercamiento y la posibilidad de que el Ministerio Público Fiscal instale oficinas móviles para recibir denuncias de automovilistas afectados. Los infractores serán informados sobre programas de asistencia social, aunque los líderes de las organizaciones podrán ser excluidos de estos beneficios.

El fenómeno de los "trapitos" ha sido objeto de debate en la Ciudad durante años, con antecedentes de leyes y vetos en 2012 y 2018. Si bien la nueva normativa busca erradicar la extorsión y mejorar la convivencia urbana, sectores opositores advierten que, para muchos, se trata de una actividad de subsistencia. El impacto de la ley será evaluado en los próximos meses, en un contexto de creciente demanda social por mayor seguridad y orden en el espacio público.