Las inundaciones que afectan al centro y oeste de la provincia de Buenos Aires han puesto en jaque a la producción agropecuaria y la infraestructura rural, con más de cinco millones de hectáreas bajo agua. Las lluvias, que duplicaron los promedios históricos y superaron los 500 milímetros en zonas críticas, han provocado el aislamiento de campos, la destrucción de caminos y la paralización de actividades productivas.

El fenómeno, que se intensificó desde el final del verano y se agravó en la primavera, se suma a la sequía que golpeó a la región en 2023, generando un escenario de extrema vulnerabilidad para productores y comunidades rurales. La falta de obras estructurales, especialmente en la Cuenca del Salado, ha sido señalada como uno de los principales factores que agravan la crisis. El proyecto de ampliación y profundización del río Salado, iniciado hace más de 25 años, permanece inconcluso, con tramos paralizados por falta de financiamiento y avances parciales en los últimos meses.

En respuesta a la emergencia, el gobierno nacional anunció una asistencia de $1900 millones y el envío de maquinaria para reparar caminos y atender a los municipios más afectados. Sin embargo, intendentes y productores consideran que la ayuda es insuficiente y reclaman una estrategia integral y mayor coordinación entre Nación y Provincia. "No hay un plan trazado", admitió Damián Costamagna, presidente de la Autoridad del Agua de la provincia, mientras que desde la Agencia Federal de Emergencias se indicó que las acciones se definen según las urgencias locales.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, visitó la zona y aseguró que las obras en el tramo IV del río Salado se reactivaron en septiembre, aunque los fondos solo alcanzan para un día de trabajo por municipio. Los dirigentes de la Mesa de Enlace y los intendentes expresaron su preocupación por la falta de soluciones de fondo y la necesidad de acelerar la ejecución de obras y la distribución de recursos.

La situación mantiene en alerta a las autoridades y a la comunidad rural, mientras se espera la llegada de nuevas lluvias y la definición de un plan de acción coordinado. El impacto de las inundaciones se proyecta sobre la producción de 2025 y 2026, y pone en evidencia la urgencia de avanzar en obras de infraestructura y en la articulación entre los distintos niveles de gobierno.