El juicio oral por el hundimiento del submarino ARA San Juan continúa su curso en la ciudad de Río Gallegos, donde se debaten las responsabilidades de la tragedia ocurrida en noviembre de 2017, que costó la vida a 44 tripulantes. En las últimas audiencias, el capitán de navío destituido Claudio Javier Villamide defendió su accionar ante el Tribunal Oral Federal, asegurando que "previo al naufragio no había ningún documento que dijera que el submarino no estaba en condiciones de navegar". Villamide expuso durante dos horas argumentos técnicos para refutar los informes de la Armada que señalaban deficiencias en el ARA San Juan, sosteniendo que muchas de las fallas habían sido subsanadas antes de la última zarpada.

Por su parte, la querella que representa a 34 familias de los tripulantes, encabezada por la abogada Valeria Carreras, sostiene que las pruebas son contundentes y que existen documentos de la propia Armada que demuestran que el submarino no estaba en condiciones. Carreras remarcó que "no solamente son dichos de testigos sino que son documentos emanados de la Armada en forma previa". Además, la querella denunció la existencia de un "pacto de silencio" y falsos testimonios dentro de la fuerza para proteger responsabilidades jerárquicas.

En paralelo, el tribunal dispuso una inspección ocular al submarino ARA Santa Cruz, gemelo del San Juan, actualmente en el astillero Tandanor. El objetivo es analizar de primera mano componentes críticos como la válvula ECO-19, señalada como posible vía de ingreso de agua que habría desencadenado el incendio en las baterías del ARA San Juan. La inspección busca aportar claridad técnica y pasar "del abstracto del papel a la palabra de los fierros", según expresaron las partes.

El juicio también ha estado marcado por testimonios conmovedores de familiares y esposas de los tripulantes, quienes relataron el impacto humano de la tragedia y reclamaron justicia. "Queremos conocer la verdad y que los responsables respondan", expresó Luis Tagliapietra, padre de una de las víctimas y abogado querellante. La causa, que expone problemas estructurales de presupuesto y mantenimiento en la Armada, sigue generando debate sobre las responsabilidades técnicas y políticas en la cadena de mando. El proceso judicial continuará con nuevas declaraciones y la esperada inspección al submarino gemelo, mientras la sociedad y los familiares mantienen la presión por verdad y justicia.