El subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Alberto Baños, encabezó la delegación argentina ante el Comité contra la Tortura de la ONU en Ginebra, donde su intervención generó una fuerte polémica. Baños puso en duda la cifra de 30.000 desaparecidos durante la última dictadura militar argentina, calificando las políticas de memoria como un "negocio" y acusando a organismos de derechos humanos, como el CELS, de aportar información falsa y de tener intereses económicos.

Durante su exposición, Baños defendió la idea de una "memoria completa", que incluya también a las víctimas de organizaciones armadas, y negó el cierre de sitios de memoria y despidos en el área, aunque admitió la reducción de jornadas y la existencia de "retiros voluntarios". "La verdad no les interesa. El tema es cuestionar a la República Argentina", afirmó Baños, en un tono que fue recibido con perplejidad por los expertos internacionales presentes.

La postura oficial fue duramente criticada por organismos de derechos humanos y expertos de la ONU, quienes señalaron una ruptura con la histórica tradición argentina de diálogo y compromiso con la memoria, la verdad y la justicia. El CELS, en un comunicado, destacó que "la postura del gobierno fue no reconocer los problemas y atacar a quienes, desde la sociedad civil o los mecanismos internacionales de protección, señalan las violaciones de derechos humanos que suceden día a día en la Argentina".

La delegación argentina incluyó también a funcionarios de Seguridad y Asuntos Penitenciarios, quienes negaron el recrudecimiento de la represión y los abusos policiales frente a manifestaciones populares. Baños, por su parte, sostuvo que existe un "lobby internacional" destinado a atacar al gobierno libertario y defendió la gestión actual, asegurando que se realizan refacciones en sitios históricos y que no se han desmantelado las políticas de memoria.

El Comité contra la Tortura de la ONU evaluará próximamente el cumplimiento argentino de la Convención contra la Tortura, en un contexto de creciente preocupación internacional por el rumbo de las políticas de derechos humanos en el país. La intervención de Baños deja planteado un interrogante sobre el futuro de la memoria, la verdad y la justicia en Argentina, y sobre la relación del gobierno con los organismos internacionales y la sociedad civil.