El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, se refirió este jueves por primera vez a las causas judiciales que involucran a dos figuras clave de su gestión: Humberto Mingorance, presidente de Aysam, y Marcelo D'Agostino, exsubsecretario de Justicia. Durante una actividad en el club Andes Talleres, Cornejo defendió a ambos funcionarios y descartó que las investigaciones afecten el funcionamiento del gobierno provincial.

Respecto a Humberto Mingorance, imputado por el vuelco de líquidos cloacales en un canal de riego en Los Corralitos, Cornejo fue enfático: “Hoy no considero de ninguna manera realizar cambios en el Gabinete si avanza la imputación porque estamos haciendo la inversión más relevante en toda la democracia en agua, saneamiento y cloacas”. El mandatario aclaró que la imputación no está vinculada a hechos de corrupción, sino a una decisión operativa ante la falta de alternativas técnicas. “No pueden responsabilizarlo penalmente de cosas que no tenían más opción que hacer”, sostuvo, y recordó que situaciones similares se han presentado en gestiones anteriores debido a problemas estructurales en la red de saneamiento.

Sobre la denuncia contra Marcelo D'Agostino, quien renunció tras ser acusado por su expareja de abuso sexual y violencia de género, Cornejo señaló: “Fue denunciado y renunció. Se está sometiendo a la Justicia. Es una denuncia grave y tiene que afrontar esa situación, derivada de una relación personal. No afecta en lo más mínimo la función de la Subsecretaría de Justicia”. Tras la renuncia, la Subsecretaría fue asumida por Juan Carlos Jaliff, exvicegobernador y ministro de Gobierno.

Cornejo también criticó el accionar de la Justicia en ambos casos, argumentando que las decisiones tomadas por los funcionarios respondieron a emergencias operativas y que la solución de fondo depende de la ejecución de un plan estructural de inversiones. “Cambiar un funcionario no cambia la situación de fondo”, afirmó.

Las causas han generado debate en la provincia sobre la responsabilidad penal de los funcionarios ante situaciones de emergencia y la relación entre la gestión política y el accionar judicial. Mientras tanto, el gobierno provincial continúa con su plan de inversiones en infraestructura hídrica y sanitaria, considerado el más importante de la democracia mendocina.