El Senado argentino avanza en el tratamiento de un proyecto de ley que busca tipificar el "ecocidio" como delito penal, abriendo un intenso debate entre sectores políticos y productivos. La iniciativa, impulsada por la senadora Edith Terenzi (Despierta Chubut), obtuvo dictamen favorable en las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Ambiente y Desarrollo Sustentable, y propone la creación de un nuevo capítulo en el Código Penal dedicado a los delitos contra el ambiente.

El texto define el ecocidio como el daño irreversible o especialmente grave al ambiente, en violación de normas de protección ambiental. Las penas previstas van de tres a diez años de prisión para daños graves, y se agravan a cinco a quince años si el daño es irreversible. En casos donde el daño ambiental derive en víctimas fatales, la pena puede alcanzar hasta 25 años de prisión. Además, el proyecto contempla multas económicas, la responsabilidad penal de empresas y agravantes para funcionarios públicos involucrados, quienes podrían enfrentar inhabilitación perpetua para ejercer cargos.

La propuesta ha generado una fuerte reacción en el sector agropecuario. La Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Federación de Acopiadores de Granos manifestaron su rechazo, argumentando que la redacción del proyecto es imprecisa y podría generar inseguridad jurídica, afectando la producción y la inversión. Andrés Costamagna, director de la SRA, señaló que "lo que está escrito es un desastre desde el punto de vista técnico y legal" y advirtió que "todo puede ser interpretado como daño ambiental". Fernando Rivara, presidente de la Federación de Acopiadores, cuestionó la falta de definiciones claras sobre qué constituye un daño ambiental irreversible y alertó sobre el riesgo de interpretaciones arbitrarias.

Desde el ámbito político, la senadora Patricia Bullrich, quien firmó el dictamen, aseguró que el texto sufrirá modificaciones sustanciales antes de avanzar y que "de ninguna manera va a perjudicar al campo". Por su parte, Carolina Losada, que firmó en disidencia, coincidió en la necesidad de penalizar los delitos ambientales, pero criticó la redacción actual por generar temor entre los inversores.

El proyecto cita antecedentes internacionales y responde a la creciente preocupación por la degradación ambiental. Sin embargo, su avance dependerá de la capacidad de los legisladores para alcanzar consensos y ajustar el texto a las demandas de los distintos sectores involucrados. El debate sobre el alcance y la aplicación de la figura del ecocidio continúa abierto en el Congreso argentino.