El banco de horas del Gobierno encuentra aceptación en aliados del peronismo
• Mirgor y SMATA acuerdan implementar el banco de horas tras la reforma laboral de Milei • El sistema permite flexibilidad en jornadas y compensa horas según demanda • Debate sobre impacto en salarios y derechos laborales #ReformaLaboral #Argentina


La empresa Mirgor, perteneciente al Grupo Caputo, y el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) firmaron el primer acuerdo para implementar el banco de horas en el marco de la reforma laboral recientemente aprobada en Argentina. El convenio, que involucra a 190 empleados de la autopartista Ontec en Baradero y Garín, establece un banco de 200 horas para ser utilizado en un período de 12 meses, con posibilidad de prórroga si la situación productiva lo requiere.
El sistema de banco de horas permite a las empresas y trabajadores acumular horas trabajadas en períodos de alta demanda y compensarlas con tiempo libre o jornadas reducidas cuando la actividad disminuye. Según fuentes sindicales y empresariales, el objetivo es evitar suspensiones y despidos en momentos críticos, manteniendo el salario de los empleados y adaptando la jornada a las necesidades productivas. "El banco de horas es una herramienta en caso de emergencia y si la coyuntura lo amerita. No es un acuerdo a la baja ni es a cambio de horas extras", explicó un directivo de SMATA.
La reforma laboral, impulsada por el gobierno de Javier Milei, permite ahora que estos acuerdos se realicen de manera individual o colectiva, ampliando la flexibilidad para empresas y trabajadores. Sin embargo, especialistas advierten sobre posibles riesgos: la abogada laboralista Inés Arias señaló que "existe una asimetría en la relación laboral que puede llevar a que el empleador imponga el sistema, afectando el salario de bolsillo de los empleados". Además, se destaca la necesidad de mecanismos de control para evitar abusos y garantizar que los derechos laborales sean respetados.
El acuerdo de Mirgor y SMATA no modifica el convenio colectivo general, sino que se aplica de manera específica a la empresa. Este tipo de mecanismos ya había sido utilizado en el sector automotriz durante crisis anteriores, como en 2001 y 2008, pero la nueva legislación facilita su adopción en más sectores.
La reacción sindical ha sido mixta. Mientras algunos gremios muestran pragmatismo ante la nueva realidad, la CGT y la OIT han expresado preocupación por la posible pérdida de derechos y la necesidad de mantener el diálogo social. El gobierno, por su parte, promueve la revisión de convenios colectivos y la creación de sindicatos por empresa como parte de su estrategia de modernización laboral.
El caso de Mirgor marca un precedente en la aplicación de la reforma y anticipa un debate sobre el equilibrio entre flexibilidad productiva y protección de los trabajadores en el nuevo escenario laboral argentino.
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