El fiscal general ante la Cámara Federal, José Luis Agüero Iturbe, fue eximido del pago del Impuesto a las Ganancias tras un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. La decisión, respaldada por los jueces Rodolfo Eduardo Facio y Liliana María Heiland, consideró que cobrarle el tributo a Agüero Iturbe, designado en 2018, constituiría un “tratamiento salarial discriminatorio” en relación con otros funcionarios judiciales.

Agüero Iturbe había manifestado públicamente estar a favor del pago del impuesto durante su audiencia en el Senado, pero tras asumir el cargo, presentó una acción de inconstitucionalidad argumentando que no había firmado ningún compromiso formal. El juez Pablo Cayssials falló a su favor en 2023 y la Cámara ratificó la exención en 2026.

Actualmente, el 94,66% de los magistrados y funcionarios judiciales no paga Ganancias, según datos del Consejo de la Magistratura. Esta exención representa una pérdida fiscal de aproximadamente 1,2 billones de pesos anuales, equivalente al 0,16% del PBI, según el proyecto de Presupuesto 2023.

La ley 27.346, sancionada en 2016, estableció que los magistrados nombrados a partir del 1° de enero de 2017 debían tributar el impuesto. Sin embargo, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional interpuso medidas cautelares para evitar su aplicación, lo que derivó en una serie de fallos judiciales a favor de la exención. El intento del gobierno de modificar la ley en 2022 fue rechazado en la Cámara de Diputados.

El caso de Agüero Iturbe se suma a otros similares, como el de la jueza Nada Flores Vega, y reaviva el debate sobre los privilegios en el Poder Judicial. Mientras tanto, la Corte Suprema sostuvo en 2018 que los jueces deben cumplir la ley, aunque no resolvió la cuestión de fondo. El tema sigue generando controversia y divide a la opinión pública y a los actores políticos, en un contexto de discusión sobre la equidad tributaria y los privilegios estatales.