Una denuncia presentada por la Coalición Cívica ha desatado una investigación judicial sobre la adquisición de una lujosa mansión en Villa Rosa, Pilar, y una flota de más de 120 vehículos de alta gama, presuntamente vinculados a directivos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La empresa Real Central SRL, integrada por Ana Lucía Conte, una jubilada, y su hijo Luciano Pantano, monotributista, figura como titular de la propiedad y de los vehículos, pese a que sus perfiles económicos no justificarían semejante patrimonio.

Según la denuncia, la mansión cuenta con helipuerto, haras de caballos y una colección de autos de lujo, incluyendo Ferrari, Porsche y BMW. La Coalición Cívica sostiene que podría tratarse de un caso de lavado de dinero y pide investigar posibles vínculos con Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, y Pablo Toviggino, tesorero de la entidad. "Estamos hablando de que se compraron autos y que se gastaron millones y millones de dólares en autos. Compraron propiedades, o sea, no saltó ninguna de las alertas", declaró Matías Yofe, dirigente de la Coalición Cívica.

El juez federal Daniel Rafecas, a instancias del fiscal Ramiro González, ordenó peritar y tasar la propiedad, levantar el secreto fiscal y bancario de los investigados y solicitar informes a organismos estatales. Sin embargo, hasta el momento no se ha comprobado la relación directa de Tapia o Toviggino con la mansión, y el caso ha pasado por varios juzgados por cuestiones de competencia, lo que ha demorado medidas como el allanamiento.

La investigación también reveló que Real Central SRL adquirió otra propiedad en un exclusivo country de Pilar y que la flota de autos coincide con los modelos observados en la mansión. Los denunciantes remarcan que la estructura patrimonial de la empresa no se condice con los ingresos declarados de sus titulares, lo que refuerza las sospechas de que podrían estar actuando como testaferros.

El caso ha generado fuerte repercusión mediática y política, con críticas a la inacción judicial y llamados a profundizar la investigación. Mientras tanto, la Justicia continúa recabando pruebas para determinar la verdadera titularidad de los bienes y el posible origen ilícito de los fondos involucrados.