El proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo de Santa Cruz para autorizar un endeudamiento de hasta 600 millones de dólares con destino a obras públicas y administración de pasivos provinciales ha generado un fuerte debate en la Legislatura y entre los intendentes. La iniciativa, presentada como una herramienta clave para el desarrollo de infraestructura, enfrenta resistencias por parte de la oposición y de algunos jefes comunales, quienes reclaman mayor transparencia y consenso antes de avanzar con la aprobación.

Durante una extensa reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, funcionarios provinciales, entre ellos el ministro de Economía, Ezequiel Verbes, y el jefe de Gabinete, Pedro Luxen, respondieron preguntas de los diputados y pusieron a disposición documentación sobre los proyectos incluidos en el paquete de obras. Sin embargo, legisladores como Lorena Ponce y Carlos Godoy manifestaron su preocupación por la falta de detalles y cuestionaron la oportunidad de asumir una deuda en dólares, señalando los riesgos financieros y la falta de garantías sobre el uso de los fondos.

Godoy, representante de Unión por la Patria, recordó que la provincia ya había aprobado un endeudamiento en pesos en diciembre pasado, cuyos compromisos, según él, no se cumplieron. "Empieza a perder credibilidad el Gobierno de la provincia de Santa Cruz", afirmó, y advirtió sobre el impacto de una deuda a largo plazo en moneda extranjera. Por su parte, Ponce subrayó que la oposición ha sido "sumamente responsable" y ha acompañado emergencias anteriores, pero reclamó que el Ejecutivo "deje de echar culpas" y trabaje en conjunto con todos los sectores.

El intendente de Pocito, Fabián Aballay, también expresó reparos, señalando la falta de precisiones sobre el destino de los fondos y las condiciones del crédito. "Un proyecto de tal magnitud merece debate y tratamiento", sostuvo, y sugirió analizar alternativas como el uso del Fondo Anticíclico provincial.

Desde el oficialismo, se destacó la predisposición al diálogo y la entrega de información técnica a los legisladores. El debate continuará en la próxima reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde se espera avanzar en la búsqueda de consensos con la participación de los municipios. El desenlace de la discusión será clave para el futuro financiero y de infraestructura de la provincia, en un contexto de restricciones económicas y demandas crecientes de la sociedad.